El dueño de la aerolínea AirAsia, el malasio Tony Fernandes, y otro alto directivo dejaron su cargo de manera temporal mientras la Comisión Anticorrupción de Malasia investiga el pago de supuestos sobornos por parte del fabricante europeo de aeronaves Airbus.

Fernandes, que ocupaba el cargo de jefe ejecutivo, y Kamarudin Meranun, cuyo puesto era el de director ejecutivo, anunciaron su renuncia momentánea y que es efectiva de manera inmediata en un comunicado publicado por el mercado de valores de Malasia.

La aerolínea precisó que ambos permanecerán apartados de la junta directiva "durante un periodo de dos meses o el tiempo que la compañía estime conveniente", si bien se mantendrán como asesores de AirAsia.

El anuncio se produce después de que Airbus anunciara la semana pasada que ha llegado a acuerdos con las autoridades de Francia, Reino Unido y Estados Unidos para el pago de multas en relación con investigaciones abiertas por sospechas de sobornos y corrupción.

No obstante, la Comisión Anticorrupción de Malasia apuntó que permanece en contacto con las autoridades británicas para investigar las alegaciones sobre esas prácticas irregulares.

La acusación denuncia que supuestamente AirAsia aceptó comprar aviones Airbus a cambio de que la compañía malasia patrocinara un equipo deportivo relacionado con la aerolínea.

Mientras, AirAsia niega cualquier delito y afirma que nunca ha usado intermediarios para negociar con el fabricante europeo.

La agencia británica de lucha antifraude SFO (Serious Fraud Office) inició una investigación en 2016 por el uso de intermediarios por parte de Airbus para conseguir contratos civiles y militares.

Al recibir créditos a la exportación de agencias gubernamentales en Europa, el fabricante estaba obligado a mencionar a los intermediarios implicados en sus contratos y si no lo hacía se exponía a procedimientos penales.

Airbus decidió más adelante suspender la utilización de esos consultores y puso en marcha una operación de transparencia para buscar una salida negociada con las autoridades de varios países para evitar una condena judicial.