Impuestos sobre caza, plaguicidas, vertidos e incineración de residuos, ganadería intensiva o esquí alpino son algunos de los 13 nuevos gravámenes ambientales que piden las diferentes organizaciones ecologistas al Gobierno como parte de una «profunda reforma fiscal». Esa reforma debería integrar principalmente criterios que trasladen los costes ambientales a los responsables de actividades económicas impactantes, ayuden a reducir desequilibrios sociales, bonifiquen las buenas prácticas ambientales , según los representantes de las cinco principales oenegés conservacionistas: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF.

Estas organizaciones presentaron ayer un documento en el que consideran necesario definir tres bloques fiscales, el primero de los cuales incluye la introducción de criterios ambientales en impuestos ya existentes como el IVA, el IRPF, el Impuesto de Sociedades, los impuestos sobre hidrocarburos o el canon del agua. Un segundo bloque incluye tasas sobre el cambio de usos del suelo, sustancias de «elevado nivel de preocupación» como las tóxicas, extracción de aguas subterráneas, envases no reutilizables, actuaciones en suelo rural, actividades extractivas mineras, el carbono o la pernoctación turística. El último bloque afecta a la regulación sobre haciendas locales, incluyendo la tasa de residuos, el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y el de actividades económicas, entre otros.