"Los posibles cambios de los presidentes de compañías los decidirán sus accionistas". Esta es la frase que repiten una y otra vez los miembros del equipo económico del Gobierno, encabezado por el vicepresidente Pedro Solbes, para abonar la idea de que el Ejecutivo no intervendrá directamente en la gestión de ninguna empresa privada. Sin embargo, cada vez que el vicepresidente Solbes o el ministro de Industria, José Montilla, reflexionan sobre la necesidad de presidentes "honestos y profesionales" al frente de las grandes compañías españolas se propaga la idea de que tarde o temprano habrá cambios en las cúpulas de las privatizadas.
En la frase que repite el Gobierno para presentar su no intervencionismo, también cabe una posible estrategia consistente en convencer a los principales accionistas de las grandes compañías sobre la conveniencia de un cambio en la presidencia. Al final, sería una decisión del consejo de administración. Formalmente, no se podría decir que el Gobierno ha echado a nadie. Esta es la estrategia que siguió el Gobierno del PP relevar a Juan Villalonga como presidente de Telefónica por César Alierta. Sólo hizo falta buscar el apoyo del BBVA y de La Caixa, que dominan los consejos.Las ganas del Ejecutivo de cambiar las cúpulas en las grandes empresas privatizadas se han incrementado tras comprobar, según fuentes del Gobierno, que algunos presidentes han paralizado la acción de la empresa, "frenando proyectos e inversiones muy concretas".
