Sectores tradicionales como el turismo o el transporte empiezan a ver como los particulares, gracias a las plataformas digitales, desafían a industrias hasta ahora de difícil acceso. Es la economía colaborativa -o consumo colaborativo-, que ha pasado de ser un fenómeno en auge a ser un hecho: solo el año pasado 5,4 millones de viajeros se alojaron en España en apartamentos de la plataforma de alquiler de habitaciones y pisos Airbnb, una cifra mayor que la suma de los seis ejercicios anteriores, según datos de la plataforma. Todo ello, de momento, en un sector sin leyes claras.

«La economía colaborativa constituye un fenómeno innovador de alcance global y transversal, que está generando importantes cambios estructurales en el funcionamiento de los mercados», ha advertido por ejemplo la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). El impacto económico previsto es considerable: el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) calcula que generará un negocio de unos 100.000 millones de euros anuales (hoy en día está en una cuarta parte de esa cantidad).

No existen definiciones únicas de lo que es la economía colaborativa, aunque básicamente se entiende como tal un intercambio de servicios entre dos (habitualmente) particulares, haya dinero o no de por medio, cuyo fin es satisfacer las necesidades de ambos. La tecnología (webs, aplicaciones) está facilitando estos intercambios, y ahora además ya no son solo locales, sino entre personas de todo el mundo.

El caso de Uber / Alrededor de esta idea han nacido cientos de proyectos, algunos de tamaño mundial, cuya repercusión está además provocando cambios en los sectores tradicionales. Los ejemplos más habituales son los de Uber, una plataforma que facilita que conductores particulares presten su servicio para llevar a clientes a un destino, o Airbnb. Su éxito, además, ha chocado con las leyes -anticuadas- y los lobis: ¿Puede cualquiera convertirse en taxista o alquilar su propiedad sin licencia? ¿Pagan impuestos los que alquilan?

La aparición de Uber en España en el 2014, con menos de una decena de coches en servicio, provocó una reacción en masa del sector del taxi que obligó a la firma estadounidense a parar su planes en España. Hace un año se restableció con un nuevo producto, con el que de momento solo opera en Madrid. Por Airbnb ha habido quejas y alguna multa. En este último caso, los números de la plataforma demuestran que ya no es algo minoritario: desde la creación de Airbnb en el 2008, cerca de 11 millones de personas se han alojado en viviendas anunciadas en esta plataforma en España, donde actualmente hay 187.000 anuncios,.

La polémica en este caso es legal: ¿quién paga los impuestos? ¿son apartamentos turísticos? ¿quién tiene la responsabilidad? «El gran problema es que no hay una ley que defina qué es la economía colaborativa», asegura el director general de Airbnb para España y Portugal, Arnaldo Muñoz.

Los hoteleros, sin embargo, denuncian que es «competencia desleal», y que ni pagan la tasa turística en las ciudades que existe ni se controla que se paguen los impuestos pertinentes. Al respecto, Airbnb recuerda a los anfitriones que deben pagar sus impuestos, cumplir «con la normativa legal vigente» y que «todos los pagos se hacen vía transferencia bancaria». «En París o Amsterdam se ha llegado a acuerdos con las administraciones. Es lo que buscamos», agrega Muñoz. En capital francesa, por ejemplo, se ha creado una doble figura: si es una residencia no habitual, tiene el mismo trato que una vivienda turística, pero si se alquila la propiedad donde se vive, las condiciones son diferentes.

En pleno auge de estos servicios, la CNMC ha recomendado en un informe una mayor libertad de acceso al mercado viviendas de uso turístico, eliminando cualquier tipo de moratoria en la autorización de nuevas viviendas turísticas, suprimiendo su inscripción y eliminando requisitos de estancias, además de una mayor libertad de acceso al mercado del taxi.