Mismo país, mismo empleo, mismo salario. Tras meses de negociaciones, los representantes del Consejo, Parlamento y Comisión Europea cerraron la pasada madrugada un acuerdo político para revisar la directiva sobre trabajadores desplazados, aquellos que prestan sus servicios en un país distinto al suyo por un tiempo determinado pero siguen cotizando a la seguridad social en su país de origen. Según el principio de acuerdo, las empresas podrán seguir desplazando trabajadores pero tendrán que recibir la misma remuneración que los empleados locales.
«Ha sido un largo debate que durante años ha dividido Europa en dos. Ahora hemos llegado a un consenso y hemos conseguido un paquete equilibrado», destacó la viceministra búlgara de empleo, Zorita Roussinova, tras los trílogos que concluían al filo de las dos de la madrugada del jueves. Todavía más satisfecha con el resultado se ha mostrado la comisaria de empleo, Marianne Thyssen, que hace dos años -en marzo de 2016- presentó la propuesta para actualizar una normativa que data de 1996 y que permite a las empresas enviar trabajadores asalariados a otros Estados miembros pagando salarios más bajos.
La ampliación en 2004 a 10 países del este de Europa con niveles de vida, cargas sociales y sueldos más bajos puso en pie de guerra a muchos Estados miembros, y especialmente a Francia y a su presidente Emmanuel Macron que hizo de este asunto una prioridad en la última campaña presidencial. Un debate simbolizado por la figura del fontanero polaco que ha escondido durante años los temores de partidos y sindicatos a un empobrecimiento generalizado de las condiciones laborales y al dumping social, facilitado por la existencia de libre circulación de trabajadores.
La nueva normativa pretende evitar la implantación de este fenómeno garantizando la existencia de medidas suficientes para evitar fraudes y eliminando cualquier incentivo que favorezca a una bajada de salarios en el país receptor. El acuerdo establece también que las empresas podrán mantener la cotización de las cargas sociales en el país de origen durante un año, ampliable seis meses más hasta los 18 meses en total. Transcurrido el plazo, o el trabajador regresa o la empresa empieza a cotizar en el país de destino.
«No hay ni perdedores ni ganadores», ha valorado la eurodiputada Elisabeth Morin-Chartier, una de las negociadoras del texto por parte del Parlamento Europeo junto a la holandesa Agnes Jongerius que considera que el texto garantiza que «los trabajadores desplazados estarán protegidos desde el minuto uno».
Los ministros de empleo de los 28 cerraron un acuerdo el pasado 23 de octubre, lo que dio el pistoletazo de salida a las negociaciones con el Parlamento Europeo, colegislador en este asunto, que ahora deberá refrendar lo mismo que el Consejo el acuerdo.
Según las cifras que maneja la Comisión Europea, el fenómeno de los trabajadores desplazados no afecta a todos los Estados miembros por igual. En 2016 había en la UE 2,3 millones de empleados legalmente desplazados a otros Estados miembros, un 69% más que en el año 2010. De esos 2,3 millones, el 69% se desplazaron para trabajar en la industria mientras que el 45% de estos lo harían concretamente en el sector de la construcción. El desplazamiento medio, según los últimos datos actualizados por Bruselas, es de 4 meses aunque en algunos países alcanzan los 8 meses.
A la cabeza entre los países emisores de trabajadores desplazados se sitúa Polonia, con más de 500.000, más del doble que Alemania y tres veces más Eslovenia y España, los siguientes en la lista y que han superado a Francia. Entre los principales países receptores se encuentran Alemania, con unos 440.000, Francia, con cerca de 170.000, Bélgica, algo más de 150.000, así como Austria y Holanda.
Bruselas cifra en 147.424 los trabajadores españoles desplazados al extranjero, lo que le sitúa en cuarta posición con un incremento del 142% respecto a 2010, en pleno apogeo de la crisis, y en 52.353 los extranjeros desplazados a España.
