El Gobierno ya tiene casi a punto la nueva hoja de ruta para el Servicio Público de Empleo (Sepe) y las políticas dirigidas a los parados, una de las últimas reformas pendientes del Ejecutivo en el ámbito laboral. El gabinete de Mariano Rajoy ha tomado el relevo de los anteriores intentos de modernizar el antiguo Inem y ha diseñado nuevos mecanismos para controlar hasta el último céntimo que el Estado gasta en un desempleado. Entre ellos se encuentra una medida equivalente a una factura laboral con el fin de conocer lo que invierte el Servicio Público de Empleo en cada persona para buscarle trabajo o bien ofrecerle formación, según el borrador del decreto ley al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
El control férreo del gasto en políticas activas, que este año cuentan con 4.103 millones, y la vinculación a objetivos a los que el Gobierno quiere someter al Sepe es una de las tres patas de la nueva estrategia de activación para el empleo que el Consejo de Ministros aprobará en las próximas semanas.
EVALUACIÓN PERIÓDICA El decreto sobre la cartera común de servicios que han de ofrecer las oficinas de empleo en toda España prevé la "evaluación periódica del coste, eficacia, eficiencia, satisfacción de los usuarios, efectividad y utilidad" de las acciones dirigidas a los desempleados y las empresas. Uno de los pilares del futuro Inem consiste en "garantizar la completa trazabilidad de la participación de los usuarios de los servicios" mediante el suministro de información relativa al "tipo de servicio recibido y su coste con desglose de la fuente de financiación, la tipología del usuario, los proveedores del servicio y los objetivos con que se vincula esa participación".
BASE DE DATOS Todos esos datos se irán almacenando en el historial laboral de los desempleados, que será la base para determinar nuevas acciones contra el paro. Otro elemento importante para decidir qué cursos de formación o qué programas de colocación se ofrecen será la evaluación del sistema. Para ello, el Servicio Público de Empleo deberá buscar una auditoría externa de su gestión basada en indicadores cuantitativos y cualitativos, encuestas de satisfacción a usuarios y la consecución de sellos de calidad.
El reglamento también da carta de naturaleza a las nuevas agencias privadas de colocación en pie de igualdad con el resto de operadores a los que el Sepe puede encargar la formación o colocación de desempleados, entre los que se incluyen también otras entidades colaboradoras y los agentes sociales. El texto fija entre los objetivos básicos de las políticas activas de empleo la "portabilidad e interoperabilidad de servicios y datos" con el objetivo de que todas las entidades que prestan estos servicios mantengan la calidad y accedan a la información del historial laboral de cada usuario.
En un momento en que el uso y la finalidad de los fondos dedicados a formación de parados vuelven a estar en cuestión a raíz de la investigación judicial en marcha en Andalucía, la reforma también sitúa entre sus prioridades la transparencia y el control de la eficiencia de la gestión de los fondos.
El borrador de decreto se encuentra en fase de enmiendas por parte de los sindicatos, las patronales y las comunidades autónomas. El texto abre la puerta a que las autonomías puedan llevar a cabo "servicios complementarios" a los generales que se incluirán en los compromisos territoriales de atención a los parados.
La ministra de Empleo, Fátima Bález, calificó la reforma de la cartera de servicios del Sepe, en la reunión con los responsables de la comunidades autónomas, como "un instrumento de mínimos" de las políticas activas de empleo.
Los sindicatos han manifestado al ministerio que no se creen que el objetivo de la reforma sea modernizar los servicios públicos de empleo cuando la partida destinada a ese fin ha caído este año a la mitad. "Cada vez nos encontramos más lejos de Europa en los indicadores de gasto público en políticas de empleo", según advierten las organizaciones CCOO y UGT.
