Las empresas asociadas a Adap, que generan anualmente una facturación de 660 millones de euros y mantienen un empleo estable de más de 3.400 personas, han pedido al nuevo Gobierno un Real Decreto específico que evite su quiebra y salve al sector porcino. En este sentido, apuntan que la nueva regulación aprobada hace un año, aproximadamente, "no sólo no ha normalizado las instalaciones para el tratamiento de los excedentes de purines sino que ha empeorado su situación", a través de un descenso de la prima que "hacen inviables los proyectos".
En 1997, la ley del sector eléctrico impulsó una solución con la construcción de plantas de cogeneración, que aprovechan el calor generado por la combustión de gas natural para deshidratar los purines y convertirlos en abono para un transporte más fácil. A partir de entonces se impulsaron 15 plantas con una inversión de 200 millones de euros.
