Endesa y Samca han firmado un contrato para el suministro de 900.000 toneladas de carbón este año a la central térmica de Andorra, una cantidad que supone el 50% de lo estipulado (1.400.000 toneladas) para el 2014 por la resolución del real decreto de restricciones por garantía de suministro. Esta decisión, avanzada por Diario de Teruel, da un respiro al sector minero-eléctrico, que debido al escaso funcionamiento que está teniendo la central amenazaba con volver a sufrir recortes de empleo como los aplicados el pasado año, sobre todo, en las subcontratas y auxiliares.

"Es una buena noticia dentro de los muchos problemas que hay porque permite mantener el empleo y la actividad", señaló el responsable de Minería de CCOO Aragón, Antonio Herrero. "Este contrato asegura que Samca se mantenga viva, que no esté parada, a pesar del poco carbón que quema la térmica", apuntó el presidente del comité de la térmica, Antonio Donoso (UGT).

Este acuerdo sumado al leve repunte de la actividad de la central --que sigue trabajando a baja capacidad-- han hecho que por el momento queden congelados los ajustes laborales que habían puesto sobre la mesa las subcontratas del complejo eléctrico (como Daorje o Maesa) y de las compañías extractoras Samca y Compañía General Minera.

Aunque en el corto plazo se despejan los problemas, el horizonte de futuro sigue siendo inquietante. Por un lado, está la desaparición el próximo año del mecanismo (decreto de garantía de suministro) que aseguraba por ley la compra de carbón autóctono. Y por otro, la indecisión de Endesa sobre la inversión de 200 millones de euros que debe acometer en la térmica turolense para garantizar su continuidad a largo plazo. A esto se añade que hay un excedente de 4,5 millones de toneladas de mineral en las campas de la central y en las minas, un volumen suficiente para alimentar la térmica durante varios años.

En la comparativa con el resto de cuencas mineras españolas, Aragón presenta la mejor cara del peor sector. En Asturias y Castilla y León se suceden los concursos de acreedores y las liquidaciones de empresas, entre otros motivos, por el retraso del Gobierno en la concesión de las ayudas pactadas.

MEQUINENZA En la comunidad, el caso más lacerante sigue estando en Carbonífera del Ebro, la empresa de Mequinenza que lleva más de un año sin actividad y sus trabajadores acogidos a un ERE. Asumida su inviabilidad, el problema está ahora en el retraso de la convocatoria de ayudas al cierre. Algunos empleados ya han agotado el paro y si la demora se prolonga demasiado puede poner en apuros financieros a la compañía, lo que agravaría los efectos sociales de su clausura.