Endesa estudia replantearse las inversiones que tenía previsto acometer en sus instalaciones termoeléctricas en los próximos años. El responsable del área de Medio Ambiente de la compañía, Jesús Abadía, puso ayer de manifiesto que el volumen de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) que asigna la propuesta de reparto individual a las centrales de carbón para el periodo 2005-2007 "no da cobertura suficiente para hacer rentable una producción minera". Así lo señaló durante su intervención en la jornada que organizó CCOO, ayer, en Zaragoza, para analizar las repercusiones de la aplicación del protocolo de Kioto.

Abadía hizo una lectura negativa del reparto presentado el pasado viernes por los ministerios de Industria y de Medio Ambiente, al considerar que el sector termoeléctrico soporta todo el esfuerzo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el área de generación energética. "Se trata de una asignación asimétrica. La generación eléctrica debe reducir un 7% sus emisiones, pero el reparto no se distribuye por igual entre las distintas tecnologías. Así, mientras que las instalaciones que utilizan carbón deben acometer una reducción del 33% respecto a las del 2002, las centrales de ciclo combinado van a contar con un incremento del 2.400%".

Tras defender la mayor competititividad que tenía el carbón, ante la manifiesta apuesta realizada por el Gobierno por el uso del gas como combustible, Abadía criticó el "drástico" recorte de actividad (sobre un 40%) que van a tener que soportar las térmicas, "un dato que va a afectar a sus resultados empresariales". El representante de Endesa hizo una simulación y señaló que el actual reparto de emisiones recoge una cobertura gratuita de actividad para la central de Andorra de 4.000 horas anuales en el 2007 (frente a las 6.500 de estos momentos). En el 2.010, se reduciría a 2.200 horas. En este sentido, recordó que el mayor esfuerzo deberá realizarse entre el 2008-2012.

"A la vista de estos datos, el carbón terminará desapareciendo de la estructura industrial de la comunidad", pronosticó Abadía, al tiempo que recordó el peso que tiene en la comunidad, con una aportación de 230 millones de euros de valor añadido bruto (VAB) y con unos 4.000 trabajadores. "Todo ello, obliga a que Endesa se replantee las inversiones que tenía previsto realizar en estas instalaciones para reducir las emisiones de azufre, ya que deben contar con una garantía de cierta actividad y, con todo esto, se prevén difíciles de amortizar", añadió el responsable de Endesa, que incidió en los importantes procesos de reconversión tecnológica realizados en los últimos años. "Por ello, confíamos en que haya cierta comprensión y se modifique de alguna manera el plan actual", añadió.

UN RETO En la jornada, también participó el responsable de Medio Ambiente de Tate & Lyle (antigua Amylum), Leonardo González. "El protocolo de Kioto va a repercutir, en mayor o menor medida, en todas las empresas, no sólo en las afectadas por la directiva de consumo de emisiones", comentó González, quien matizó que la compañía ha recibido el 99% del volumen de derechos que solicitó. "Con todo, desde Tate & Lyle consideramos que tenemos un reto: convertir una situación complicada en una oportunidad de mejora", señaló González. La compañía se ha propuesto reducir un 3% anual el consumo de energía.