El Gobierno ha blindado a aquellas empresas consideradas como "estratégicas" de las garras de inversores de fuera de la Unión Europea. Una especie de "acción de oro" con la que el Ejecutivo deberá de dar su autorización en todas aquellas adquisiciones iguales o superiores al 10% del capital social de un sinfín de compañías del Ibex-35.

Se trata de aquellas que pertenezcan a sectores considerados como "estratégicos" y su amplitud es elevada. Energía, transportes, banca, sanidad, telecos, medios de comunicación, defensa, aeroespacial... tendrán un escudo anti-compras para evitar que inversores de terceros países se hagan con el control durante el tiempo que dura el estado de alarma (a priori, un mes).

"Las IED (inversiones extranjeras directas) quedan suspendidas por motivos de seguridad pública, orden público y salud pública", reza el texto del decreto. El objetivo es evitar la entrada --igual o superior al 10% de participación-- o la toma de control de inversores residentes en países de fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio, pero también cuando procedan de empresas públicas o de control público o de fondos soberanos de terceros países.

La medida protege las infraestructuras críticas (energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeroespacial, de defensa, electoral o financiera, y las instalaciones sensibles), pero también los "terrenos y bienes inmuebles que sean claves para el uso de dichas infraestructuras".

Además, se incluyen las "tecnologías críticas", esto es la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, las tecnologías aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de energía, cuántica y nuclear, así como las nanotecnologías y biotecnologías. Y sectores con acceso a información sensible, en particular a datos personales, o con capacidad de control de dicha información, así como los medios de comunicación.

El Gobierno se guarda la posibilidad de suspender aquellas inversiones extranjeras dirigidas a otros sectores no contemplados en el decreto. La intención del Ejecutivo pasa por evitar que compañías extranjeras aprovechen la"caída coyuntural" del valor de las acciones de las empresas españolas en una época de crisis como la actual para hacerse con estas compañías.

SUSPENDIDOS LOS CURSOS

El decreto también exime a las empresas insolventes de declararse en concurso de acreedores durante la crisis del coronavirus. Según explica el real decreto, será necesario que transcurran dos meses desde la finalización del estado de alarma para que los jueces puedan admitir a trámite las solicitudes de concurso que se hubieran presentado durante la alerta.