El Gobierno presentó ayer a los sindicatos su plan de oferta pública de empleo (OEP) para el ejercicio 2019, que contempla más de 30.000 plazas para la Administración General del Estado (AGE). Después de la OEP presentada en julio del 2018, que fue la mayor oferta de ocupación pública desde el 2008, esta será similar, a falta de la concreción final.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, prevé llevarla finalmente mañana al Consejo de Ministros para ser aprobada, un mes antes de las elecciones del 28 de abril, tal como ya anticipó este diario.

La oferta presentada a los sindicatos supera numéricamente a la aprobada en julio por el Ejecutivo. No obstante, las cifras del ministerio brindan más plazas de estabilización y promoción y menos de nuevo ingreso. En la oferta del 2018 se convocaron un total de 8.698 plazas nuevas y 5.977 de promoción interna. También se pasaron de interinos a fijos un total de 2.528 empleados.

El resto, hasta completar las 30.844, se destinaron a las Fuerzas Armadas y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Según fuentes presentes en la mesa negociadora, la propuesta del Gobierno actual es de 8.495 plazas de nuevo ingreso (203 menos que el años pasado), 6.613 de promoción y 2.000 de estabilización, sin detallar la oferta para las fuerzas armadas.

La convocatoria irá a cargo de los prorrogados Presupuestos del Estado del 2018.

El coste total de la OEP se desconoce actualmente, aunque fuentes de la CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) señalan que el aumento de plazas se podrá costear gracias a la diferencia entre las menores remuneraciones de los nuevos empleados en comparación con los que se jubilan. Según cálculos de la central en base a datos del ministerio, la media de edad entre los 201.030 efectivos de la AGE es de 52 años, y un total de 31.801 empleados públicos tienen más de 60 años.

OFERTA CON RETRASO

En épocas de estabilidad parlamentaria --y con ella, de Presupuestos Generales del Estado--las ofertas de empleo público se solían negociar con los sindicatos entre final de año y principios del siguiente, recuerdan desde UGT.

Con la prórroga de los Presupuestos del 2017 ya pasaron a debatirse en julio, con lo que la publicación y concreción de las plazas llegaba con retraso. Fuentes sindicales consultadas cifran entre seis meses y un año el plazo entre el lanzamiento y la entrada de los nuevos empleados públicos a sus puestos, y no descartan que, con elecciones de por medio, hasta marzo del 2020 no se haya completado el proceso.