Los expedientes de regulación de empleo temporales (erte) se han convertido en el mejor escudo para luchar contra los despidos y, de esta forma, contener el impacto de la pandemia no solo desde de la perspectiva laboral sino también en relación a los efectos que estas extinciones pueden tener en el ámbito judicial. Esta afirmación viene avalada por los datos publicados por el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) que en el 2020 tramitó un total de 7.381 expedientes de los que solo 92 fueron colectivos. Es decir, el organismo medió en casi 7.400 asuntos mientras que en un año antes la cifra se elevó hasta los 8.632 expedientes.
Esa menor actividad responde, en buena medida a que el paraguas de los erte ha frenado los despidos y, por tanto, la conflictividad laboral. Además, entre el 14 de marzo y el 4 de junio se paralizó la actividad presencial en el SAMA, recuerda su directora gerente, Concha Gil, si bien hubo atención telemática a partir del 10 de mayo, siendo el único organismo nacional en hacerlo.
«El año ha sido muy difícil desde el punto de vista laboral porque ha habido días con dos y tres boletines del BOE en cuanto a la normativa laboral», señala Gil, que subraya que tanto las empresas como sus asesores «han tenido que tomar decisiones de un día para otro», lo que ha provocado una «gran incertidumbre laboral». Esa inestabilidad se ha reflejado sobre todo en el sector servicios que, por ahora, se agarra a los ertes a la espera de que se atisbe la luz al final del túnel.
Precisamente, la directora gerente del SAMA incide en que los expedientes tramitados podrían dispararse este año si se pone fin a los erte, pero la propia ministra de Economía, Nadia Calviño, se encargó esta semana de dar cierta tranquilidad, anunciando que su intención es mantener ese escudo durante todo el 2021.
«Si no se retiran los erte y la campaña de vacunación, la inmunización avanza al ritmo esperado y comienzan a llegar las ayudas de los fondos europeos se podrá salvar la situación», considera Gil, aunque el último año ha pasado factura a las empresas y a los autónomos. «Estamos viviendo una calma tensa porque las pymes están a la expectativa de ver qué es lo que sucede. Si las empresas no aguantan habrá una mayor conflictividad», apunta Gil. Esa inseguridad también se traslada a la negociación colectiva, ya que muchos de los convenios se están firmando para uno o dos años, a la espera de que se despeje el horizonte. «Espero que salgamos cuanto antes de esta situación porque se ha instalado una sensación de tristeza en las empresas y en los trabajadores que ha calado hondo», aseguró Gil.
El arranque del año
Pese a todo, la tendencia se mantiene en este 2021 y los expedientes individuales presentados hasta el 15 de marzo ascienden a 1.464 (1.210 fueron por despidos) frente a los 1.857 del 2020 , según las cifras facilitadas por el SAMA a este diario. En el primer trimestre del año pasado todavía no se conocían los efectos del coronavirus, pero tampoco estaba el escudo de los ertes para evitar extinciones de trabajo.
Lo que sí se percibe en este comienzo de año es que tanto en Huesca como en Teruel repuntan los despidos respecto al año anterior. En los dos primeros meses del año estos expedientes han pasado en Huesca de los 178 del 2020 a los 194 del 2021. En Teruel se alcanzaron los 70 este año frente a los 51 del pasado en este mismo periodo.
