Un año después de la aprobación del Plan Nacional de Reformas 2013 (el 26 de abril), el Gobierno cree poder presentar a Bruselas un balance positivo, pero volverá a suspender en la misma asignatura: la ley de servicios y colegios profesionales.
Es el mismo suspenso en que incurrió el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en sus últimos años y en el que volvió a caer el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el 2012. En el Plan Nacional de Reformas (PNR) del año pasado el Gobierno de Rajoy se atrevió a poner fecha al compromiso: en el primer semestre del 2013 debía quedar aprobado un anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales. Pero un año después el Ejecutivo aún está pendiente de redactar un texto definitivo tras haber recibido, en febrero, el dictamen del Consejo de Estado.
El pasado 4 de abril, la Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE) dieron un nuevo toque al Gobierno por el retraso. El primer informe de la troika tras haber finalizado el programa de rescate europeo de la banca española criticó el retraso de esta ley y advirtió de la tentación de una reforma descafeinada. También criticó el retraso de la puesta en marcha de la nueva Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que debía haber llegado a tiempo de informar sobre el proyecto de presupuestos del 2014 y que, sin embargo, solo podrá estrenarse con el del 2015.
PRESIÓN DE LOS LOBIS
¿Por qué tanta dificultad para sacar adelante la reforma de servicios profesionales? El subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), José Ignacio Conde Ruiz, lo tiene claro: "Los gobiernos no se atreven a enfrentarse al lobi organizado que representan los colegios profesionales en la defensa de sus intereses", explica. "No es una reforma impopular, no resta ni da votos. La única razón por la que no sale adelante es por la presión de los lobis", insiste el también exalto cargo de la Oficina Presupuestaria de Zapatero.
En su libro ¡Que vienen los lobbies! (Destino, 2013) el periodista Juan Francés comparte esta tesis. La ley de servicios profesionales "es quizá uno de los casos más flagrantes en los que por no perjudicar intereses particulares se ha incumplido la defensa de los intereses generales", escribe el autor. Cuenta que Zapatero no pudo sacarla adelante porque en un momento de débil apoyo político "le dio miedo el ruido que podían armar los colegios profesionales". Según Francés, el borrador se terminó de enterrar una mañana en que el ministro de Fomento, José Blanco, se revolvió ante los intentos de Economía de avanzar en el desarrollo de la ley y pronunció estas palabras: "Pero vamos a ver, ¿es que tenemos que meternos con todo el mundo?".
La Unión Profesional es una asociación estatal que integra 35 Consejos Generales y Superiores y Colegios Profesionales de ámbito estatal que a su vez aglutinan cerca de 1.000 colegios y millón y medio de profesionales liberales de los sectores jurídico, sanitario, económico, social, científico, arquitectura e ingenierías. Su presidente es Carlos Carnicer Díez, que es presidente del Consejo General de la Abogacía y consejero del Estado.
La Unión Profesional (UP) rechaza estar ejerciendo de lobi frente a la reforma que pretende el Gobierno. "Nosotros ejercemos una función institucional. Aportamos criterios para la mejor elaboración técnica de las leyes para preservar el interés general", argumentan fuentes de UP. Si acaso --añaden-- el papel de lobi lo ejercen colectivos concretos. Estas fuentes atribuyen la lentitud en la tramitación de la reforma del ministro de Economía, Luis de Guindos, a que se trata de un texto "complejo, que afecta a sectores muy distintos".
En todo caso, el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció la semana pasada que ya tiene "preparado" un nuevo anteproyecto para llevarlo al Consejo de Ministros. Según dijo, los objetivos son "reducir el número de profesiones de colegiación obligatoria", "simplificar el entramado de colegios profesionales e introducir más transparencia" y "abaratar de forma muy notable el coste de colegiación", con una cuota que no podrá superar los 20 euros al mes.
NUEVOS PLANES
Pese al suspenso del Gobierno en esta materia, en la ley de mutuas (aún pendiente) o en la adopción de un impuesto sobre los depósitos bancarios, lo cierto es que el Ejecutivo ha puesto en práctica la inmensa mayoría las 22 "reformas clave" y sus 44 medidas definidas en el PNR del 2013. El próximo miércoles, el Consejo de Ministros aprobará el PNR 2014, con el nuevo catálogo de reformas para los 12 próximos meses.
