Pese a algunos avances logrados en los últimos años gracias a las directivas europeas, España es el tercer país de la UE en el que tardan más las empresas en pagar sus facturas entre ellas y el cuarto cuando interviene la Administración. En el primer caso, unos 55 días de media este año, y en el de las empresas públicas, 78 días, según datos de la consultora Intrum Justitia, aunque otras fuentes consideran que los retrasos son mucho más amplios. A partir de este informe, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM) reclama a la UE que revise sus directivas porque se mantiene una gran distancia entre la reducción de la morosidad en los cuatro países del sur (Grecia, Portugal, España e Italia) y el resto de estados miembros.

Entre los países que pagan más al día, como Finlandia, el Reino Unido o Alemania (22 y 23 días la Administración) y España llega a haber diferencias de pago de 60 días. Estos desequilibrios causan una pérdida de competitividad de las compañías en los que la morosidad es mayor, ya que disponen de menor liquidez y además deben pagar más intereses para financiar su día a día

La legislación española vigente, modificada tras varias advertencias de incumplimientos de directivas europeas, sitúa el límite legal de retraso en los pagos en 30 días para la Administración y en 60 entre empresas privadas. Si se superan estos plazos, la empresa morosa debería pagar al acreedor ocho puntos más como mínimo, pero no se trata de un medida automática, sino que la firma afectada debería reclamar.

Los principales perjudicados son las pymes frente a las grandes empresas. De hecho, según un estudio de la plataforma, hay firmas del Ibex que están pagando a una media de 160 y 180 días, cuando han cobrado de la Administración en menos de un mes.

Según el informe, en general, este año respecto al anterior, se ha reducido el plazo de retrasos en los pagos, tanto en el sector público como en el privado, pero se está lejos de cumplir la ley.