La Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) pisa el acelerador en los últimos días del Gobierno de Obama y ha dado nuevo aire a la persecución y castigos por el diéselgate, el escándalo de falsificaciones de emisiones de gases contaminantes que hasta ahora afectaba a Volkswagen. Ayer el organismo acusó al grupo Fiat Chrysler (FCA) de instalar un software secreto que ha permitido que al menos 104.000 coches de dos modelos con motores diésel emitieran gases por encima de los límites legales.

Aunque la EPA no llega a definir ese software como «dispositivo de invalidación» (el aparato ilegal cuya instalación sí atribuyó a VW), acusa a Fiat Chrysler de actividades ilegales. En concreto, afirma que la compañía violó la Ley de Aire Limpio al no informar cuando buscaba la certificación de los vehículos de que en estos había instalados ocho dispositivos auxiliares de control de emisiones. Como recordó en un comunicado una de las responsables de la EPA, Cynthia Giles, «los AECD de los que no se informa son ilegales» y «no informar de software que afecta a las emisiones en el motor de un vehículo es una violación seria de la ley que puede resultar en dañina contaminación del aire que respiramos».

MULTA MILLONARIA

La EPA explicó que Fiat Chrysler podría llegar a ser sancionada con más de 44.500 dólares por cada uno de los vehículos afectados (pick up Dodge Ram 1500 del 2014, 2015 y 2016 y Jeep Grand Cherokee con motor diésel de tres litros), por lo que la multa podría superar los 4.600 millones de dólares. Y de momento las acciones del Washington ya han tenido como reacción inmediata un desplome en el precio de las acciones, cuya cotización ha sido suspendida momentáneamente en Nueva York cuando caía cerca del 18%, aunque al reiniciarse los títulos han recuperado un 6%.

Fiat Chrysler no parece dispuesta, de momento, a aceptar responsabilidades, algo que sí se ha visto obligado a hacer VW, seis de cuyos directivos y exdirectivos fueron imputados por EEUU el miércoles y que ha acumulado multas y compensaciones a clientes por más de 20.000 millones. En un comunicado, la compañía se mostró «decepcionada de que la EPA haya decidido emitir una notificación de violación» y negó las acusaciones. La automovilística apuesta también por el inminente cambio de poder en Washington, donde el día 20 llega la Administración de Donald Trump, dirigida y superpoblada por negacionistas del cambio climático y opositores a las regulaciones medioambientales.