Los eurodiputados de la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo (PE) denunciaron hoy el aumento de la pobreza, la exclusión social y las tasas de desempleo en Grecia, Irlanda, Chipre y Portugal como consecuencia de los programas de ajuste establecidos por la troika.
Los eurodiputados aprobaron un informe en el que lamentaron las consecuencias sobre varios aspectos sociales y el empleo de las políticas impulsadas por la tríada que forman el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea (CE), un texto elaborado por el europarlamentario español Alejandro Cercas (PSOE).
A propósito de las tasas de pobreza, los eurodiputados muestran su preocupación por el hecho de que los programas de rescate incluyan "recomendaciones para recortes específicos en áreas fundamentales de la lucha contra la pobreza, como las pensiones, los servicios básicos, la atención sanitaria y los productos farmacéuticos para la protección básica de los más vulnerables".
El informe observa que, comparando las cifras de 2008 y 2012, "la distribución de ingresos creció de forma desigual en los cuatro países, y que los recortes en prestaciones sociales y desempleo derivados de las medidas de austeridad están incrementando los niveles de pobreza, al igual que las reducciones salariales provocadas por las reformas estructurales".
Los eurodiputados lamentaron el hecho de que el nivel de personas en riesgo de pobreza o exclusión social haya incrementado en los cuatro países y destacaron que la proporción de personas en ese umbral ha aumentado hasta el 26% en Portugal y el 15% en Irlanda.
En cuanto al paro, el texto lamenta que "las políticas de ajuste y las reformas estructurales en los cuatro países han llevado a tasas de desempleo dramáticas, elevados índices históricos de pérdida de empleo y a un empeoramiento de las condiciones de trabajo".
Destacan "con gran preocupación que son las personas jóvenes quienes están sufriendo los mayores niveles de desempleo, lo que conlleva situaciones sumamente devastadoras, como la que se vive en Grecia, donde la tasa es superior al 50%, o en Portugal e Irlanda, donde es superior al 30%.
Advierten de que si no se pone remedio la brecha entre empleados y desempleados, especialmente en el caso de la generación más joven, "causará un daño estructural en el mercado de trabajo de los cuatro países, limitará su capacidad de recuperación y provocará una migración forzosa masiva que desencadenará una fuga de cerebros a gran escala".
El texto pide a los Gobiernos de la UE que presten ayuda financiera a los cuatro países "a fin de recuperar los niveles de protección social y de lucha contra la pobreza y la renovación del diálogo social a través de un plan social de recuperación".
Al mismo tiempo, reclaman a la CE, al BCE y al Eurogrupo que "reduzcan progresivamente las medidas excepcionales adoptadas".
De cara al futuro, reclaman a la UE "que no aplique este tipo de soluciones institucionales y financieras en el futuro, así como que ponga en marcha mecanismos que permitan a las instituciones de la UE lograr los objetivos y las políticas sociales establecidos en los Tratados".
El informe de Cercas, que se votará en el pleno del PE en marzo, va en paralelo a un informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, en la que se decidió centrar el análisis de los eurodiputados en estos cuatro países, dejando al margen a España, que recibió un programa parcial para sanear su sistema bancario.
Tras el voto, Cercas denunció en rueda de prensa que "el Ecofin (los ministros de Economía de la UE), el Eurogrupo (los ministros de Finanzas de la eurozona) y la troika se olvidaron de los tratados y pensaron que podían hacer lo que querían".
A propósito de la ayuda financiera que reclama el informe para un plan de recuperación social en los países rescatados, el eurodiputado socialista apuntó que el texto "pide en primer lugar a la Comisión Europea (CE) que haga una evaluación de los daños".
Refiriéndose a cálculos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señaló que "para dar esperanza a los desempleados más jóvenes habría por lo menos que triplicar lo que está ahora previsto por la garantía juvenil".
Los países de la UE acordaron a mediados de 2013 dedicar un fondo de 9.000 millones de euros a impulsar el empleo juvenil, de forma que todos los jóvenes europeos reciban tras 4 meses de inactividad una propuesta de trabajo, prácticas o estudios por ley.
