Larga espera para un desenlace sin sorpresas. La Junta Única de Resolución (JUR), la autoridad bancaria dependiente de la Comisión Europea que pilotó la intervención del Popular y su venta al Santander por un euro en junio del año pasado, anunció ayer que no va a conceder ninguna «compensación» a los accionistas y parte de los acreedores de deuda que perdieron todo su dinero en aquella operación (11.439 millones: 9.398 millones los primeros y 2.041 millones los segundos). Se trata de una decisión preliminar, ya que ahora los afectados puede presentar alegaciones, pero es altamente improbable que cambie de opinión.
INFORME INDEPENDIENTE
Como determina la normativa, la JUR ha basado su decisión en un informe de un tercero independiente, la consultora Deloitte, a la que encargó que valorara si los perjudicados hubieran salido mejor parados si el Popular se hubiera liquidado vía concurso de acreedores ordinario, en lugar de sufrir una resolución exprés mediante el procedimiento reservado para los bancos sistémicos. La conclusión del informe es que los accionistas y los acreedores afectados hubieran perdido su dinero en cualquiera de los posibles casos.
Pero es más, Deloitte afirma que la liquidación ordinaria hubiera supuesto pérdidas de entre el 13% y el 54% para acreedores de deuda, también llamados bonistas, que no se vieron afectados por la resolución y que incluso el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) hubiera tenido que poner entre 1.781 y 2.164 millones para subsanar el quebranto de entre el 29% y el 35% que hubieran sufrido en sus ahorros protegidos los depositantes del banco Pastor, filial del Popular. La auditora, así, estima que el administrador concursal solo hubiera podido recuperar entre el 75% y el 82% del valor total de los activos del grupo (126.300 millones).
El informe presentado basa sus estimaciones en dos escenarios (uno de ellos positivo y el otro adverso) y tres plazos para culminar la liquidación (18 meses, tres años y siete años). A las cantidades recuperables, les resta los costes de la liquidación (entre 990 y 1.192 millones) y el desembolso por sentencias judiciales desfavorables que suelen provocar estos procesos (que calcula en entre 1.790 y 3.450 millones). Su conclusión es que el concurso de acreedores hubiera aumentado el número de afectados y que las pérdidas hubieran ascendido a entre 23.444 y 34.144 millones, en lugar de los 11.439 millones que perdieron los más de 300.000 perjudicados por la resolución europea, resolución que se llevó a cabo.
DATOS CONFIDENCIALES
Deloitte entregó su informe al JUR el pasado 12 de junio, pero su contenido no se hizo público hasta ayer entre otras razones porque la autoridad comunitaria negoció con el Santander qué aspectos del mismo debían permanecer confidenciales y no salir a la luz, como ya hizo con los dos informes anteriores de valoración que también encargó a Deloitte para sustentar su decisión. En el primero de ello, la JUR ocultó que en uno de los tres escenarios analizados el Popular tenía un valor positivo de 1.500 millones, la primera de una larga lista de decisiones polémicas que le valió una inusual reprimenda del Congreso de los Diputados.
La decisión de no compensar a los perjudicados es, eso sí, de carácter administrativo ya que los afectados han acudido a los tribunales españoles y europeos. Pero puede tener consecuencias. Según fuentes financieras, la JUR interpreta que si la justicia declara ilegal la resolución, tendría que pagar a los accionistas y acreedores lo que hubieran recibido en caso de liquidación. Es decir, cero euros. Otra cosa es que se condenara al Santander, como heredero del banco adquirido o a sus antiguos administradores (la CNMV considera que las cuentas del Popular del 2016 fueron falseadas).
