Julio Segura y Fernando Restoy, expresidente y exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), defendieron ayer en la Audiencia Nacional que la institución hizo todo lo que podía y debía dentro de sus competencias durante la salida a bolsa de Bankia en el 2011, pese a que posteriormente supuso pérdidas millonarias a decenas de miles de accionistas. Según fuentes presentes en la sala, ayer sostuvieron que el organismo fue «más exigente de lo normal» con la operación y se «extremaron las precauciones», al tiempo que «echaron balones fuera» en dirección al auditor (Deloitte) y al Banco de España.

Los dos, que declararon como imputados, recordaron que, gracias a su gestión, el 40% de los inversores (más de 100) que compraron acciones de Bankia eran profesionales o institucionales, un porcentaje mayor de lo habitual para proteger a los pequeños inversores. «La CNMV no autoriza la salida a bolsa. Aprueba el folleto», alegó Segura antes de defender, como Restoy, que en dicho documento público, que contiene la información de la operación que se facilita a los inversores para que decidan si invertir o no, «todo estaba contemplado, todos los riesgos».

Los dos investigados, según las fuentes, protagonizaron una declaración muy parecida, «previsible y sin grandes revelaciones». Así, sostuvieron que la función de control de la CNMV en cuanto a las cuentas del banco era «casi formal»: debía asegurarse de que estas existían y estaban auditadas. La responsabilidad de controlar esas cuentas, añadieron, era de los auditores de Deloitte y del Banco de España, y el supervisor de los mercados confió en ellos.

SIN PREGUNTAS DEL ESTADO / Segura y Restoy declararon durante unas dos horas y media a puerta cerrada ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, que en un principio rechazó la petición de la Confederación Intersindical de Cajas (CIC), representada por Andrés Herzog, de imputar a los máximos responsables del Banco de España y la CNMV en el 2011. Hace un mes, la Sección Tercera de lo Penal obligó al magistrado a rectificar su decisión y a investigar a la antigua cúpula del supervisor de los mercados y a varios exaltos cargos del supervisor financiero, entre ellos el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por entender que había indicios «múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad».

La clave fue la declaración como testigo de José Antonio Casaus, entonces jefe de inspección del grupo BFA-Bankia, que advirtió a su superior, Pedro Comín, en al menos cuatro ocasiones en abril y mayo del 2011 de que el grupo presidido por Rodrigo Rato era inviable. Sin embargo, ni Andreu, ni el fiscal Alejandro Luzón (que también se opuso a la imputación) ni el público Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) plantearon ayer preguntas. A cuestiones de Herzog, Restoy y Segura aseguraron que no tuvieron conocimiento de las advertencias de Casaus a sus superiores.

GESTIÓN EN TELA DE JUICIO / Según las fuentes, los exaltos cargos de la CNMV también han defendido que «no tenían por qué dudar» de que Bankia tuviera 6.900 millones de euros de provisiones para afrontar pérdidas, como avalaron el Banco de España y los auditores pero posteriormente pusieron en duda los inspectores del supervisor financiero que han ejercido de peritos del juez Andreu (dijeron que solo había unos 500 millones de euros). ¿Cómo fue posible entonces que pocos meses después de la salida a bolsa el banco tuviera que ser nacionalizado? «Que estuvieran esas provisiones no significa que fueran suficientes, entre otras cosas por el deterioro de la economía», argumentó ayer Restoy, que tras dejar la CNMV fue subgobernador del Banco de España.