"La conducta de los acusados supuso vincular abusivamente a la entidad Caixa Penedès a una serie de obligaciones económicas en su favor que no se contemplaban en sus contratos de trabajo y que no habían sido aprobadas ni conocidas en todos sus extremos por los órganos colegiados de dirección y control". Así de contundente es el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled al definir las conductas, a su entender delictivas, y que atribuye al exdirector general de la caja, Ricard Pagès Font, y a otros tres exaltos cargos de la entidad, a los que acusa de un delito de administración desleal.
Los cuatro imputados se sentarán a partir de hoy en el banquillo de los acusados en la Audiencia Nacional. Pagès se enfrenta a una pena de tres años y seis meses de prisión, mientras que para los otros exdirectivos la acusación pública exige tres años.
