Santiago José Abella ha defendido esta mañana en la Audiencia Nacional el cobro de pensiones millonarias en Caixa Penedès. Este exdirector general adjunto ha explicado que se jubiló anticipadamente en el 2007 porque su contrato le permitía acogerse a esta baja cuando cumpliera 60 años.

Además, ha negado que su situación fuera distinta a la del resto de los empleados a los que la Caja contrató un fondo de pensiones. Por ello, no se preocupó por las cantidades que iba a percibir cuando abandonara el banco. "Me preocupaba que el acuerdo con los empleados comunes no afectara a la viabilidad de la Caja". No obstante, ha asegurado que en estos años, la entidad iba "viento en popa". Y ha afirmado que se enteró por la prensa del escándalo por el cobro de sus pensiones.

Asimismo, ha manifestado que era normal que él pudiera cobrar la pensión privada cuando se jubiló porque de lo contrario se produciría "una discriminación" con los "empleados comunes". Sin embargo, no ha podido explicar por qué solo los cuatro acusados que se sientan en el banquillo tuvieron estos privilegios, aunque ha dejado entrever algunas razones: " se premia una dedicación por sacar una caja delante".

Previamente, los abogados han pedido al juez central de lo penal, José María Vázquez Honrubia, que declarara prescritos los delitos porque presuntamente se cometieron en el 2007. Además han reclamado que este caso se juzgue en Barcelona por entender que los mismos no afectan a la economía nacional y también han solicitado que sean expulsadas como acusaciones los representantes del Frob y del banco Mare Nostrum que adquirió la caja tras su delicada situación financiera.

Sin embargo, el juez ha rechazado estos alegatos al considerar, como ha defendido el fiscal, que hay que encuadrar este caso en "la grave crisis financiera" y que el cobro de estas indemnizaciones fue "importante y trascendente".

El fiscal reclama tres años y medio de prisión para el exdirector general de la Caixa Penedès Ricard Pagés y tres años para Manuel Troyano, Santiago José Abella y Joan Canellas. Todos ellos están acusados de un delito societario continuado con administración desleal. El ministerio público les acusa de haber montado " una estrategia a largo plazo para garantizarse una ganancia ilícita patrimonial a espaldas de la entidad". La fiscalía calcula que estos banqueros lograron con estos manejos un total de 30 millones de euros.