Elena Salgado, vicepresidenta económica del Gobierno de Zapatero del 2009 al 2011, negó ayer haber presionado a empresarios para apoyar la salida a bolsa de Bankia en el 2011. «Estoy bajo obligación de decir la verdad. Hice cero llamadas. Ninguna. Ni yo ni ninguna persona por encargo mío. Si hay una persona con cara y ojos, no alguien que diga que se lo dijeron, que afirma que yo le llamé, yo le recomendaría que no le compre un coche», dijo a Joan Capdevila, de ERC, en la comisión de investigación de la crisis en el Congreso.

Aunque ningún empresario lo ha confesado en público, muchas empresas han admitido en privado las llamadas de Salgado, su número dos José Manuel Campa, y los responsables del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Javier Aríztegui. El ministro de Economía, Luis de Guindos lo sugirió en el 2014. «La salida a Bolsa de Bankia fue una decisión política. Se definió por el Gobierno como una cuestión de Estado, en la que su Gobierno forzó voluntades e hizo que los supervisores miraran hacia otro lado», dijo.

Más de tres años después, Salgado ha podido refutarlo: «No es una cuestión de estar de acuerdo o no con Guindos o Rato. Todos los supervisores han dicho que no recibieron indicaciones del Gobierno». Su actuación respecto a Bankia, aseguró, «se terminó» con la aprobación de la ley que empujó al banco a salir a bolsa al fijar un requisito de capital menor para las entidades cotizadas, algo que a su juicio no se debe interpretar como que le «instó» a la operación. «Ni miramos para otro lado, ni dejamos de mirar. Hubo un respeto escrupuloso a las competencias», afirmó.

ACIERTO Y ERRORES / Salgado también reconoció equivocaciones en su gestión. Su Gobierno, se excusó, tuvo que enfrentarse a la «crisis económica más grave en los últimos 70 años» y lo hizo «naturalmente con aciertos y errores». Pero a la vez sacó pecho: «Sería insensato mostrar satisfacción. Pero deseo pensar que en alguna medida contribuimos a preservar el futuro de España y a paliar el sufrimiento de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad».

Una de sus prioridades, explicó, fue «proteger a España de un rescate». En este sentido, defendió los fuertes recortes aprobados en mayo del 2010 a instancias de Europa. El rescate, argumentó, hubiera podido suponer un recorte del 30% de los sueldos, de entre el 30% y el 40% de las pensiones, del 15% de los salarios públicos, la venta de activos públicos «a precios de derribo» y el despido de funcionarios.

Salgado también negó que el Gobierno pudiera haber reestructurado la banca más rápido, una de las críticas más habituales a su gestión. El Congreso, recordó, aprobó en el 2009 una proposición no de ley del PP que le instaba a inyectar la menor cantidad posible de ayudas a la banca y a no hacer una inyección de capital indiscriminado en el sector (el conocido como manguerazo). «Me parece a posteriori que la estrategia fue la adecuada», defendió.