La investigación del expolio de CAI, entre 2000 y 2009, resulta incómoda. No gusta o no conviene. Sí, es cierto que exdirectivos como Tomás García Montes o Juan Antonio García Toledo, entre otros, son beneficiarios de pensiones vitalicias desorbitadas (entre 160.000 y 180.000 euros al año). También lo es que ellos y otros altos cargos de la entidad disfrutaron de viajes de lujo con fondos de CAI y que algunos de sus altos ejecutivos adquirieron pisos en condiciones que para sí quisieran quienes están al borde del desahucio o ya no disfrutan de su piso. Sí, quizá también sea verídico que en el año 2012 el grupo Caja3, liderado por la entidad aragonesa, declaró pérdidas por más de 1.000 millones de euros, fruto de la orgía inmobiliaria de los últimos años.

Tal vez el FROB inyectó dinero público a Caja3 por valor de 407 millones de euros para paliar su maltrecha situación, fruto de sus desmanes, y para facilitar que Ibercaja engullera el cadáver de la forma más decorosa posible.

Sí, quizá todo sea verdad, pero sus señorías del PP y del PAR se niegan a investigar. Quizá todo sea peor de lo que parece.