Las cuentas bancarias de pagos básicas, un producto creado por la Unión Europea para garantizar un acceso casi universal a los servicios financieros, tendrán una comisión máxima de tres euros al mes para la mayoría de los clientes y serán gratuitas para los colectivos más desfavorecidos. La ministra de Economía, Nadia Calviño, aprobó ayer una Orden Ministerial que fija el coste máximo del servicio para el común de los ciudadanos y puso en consulta pública un Real Decreto que regulará la gratuidad para las personas de rentas más bajas.

Estas cuentas permiten las operaciones más sencillas, como tener domiciliada la nómina, disponer de una tarjeta de débito, realizar retiradas de efectivo en cajeros y hacer transferencias.

Tienen un límite para transferencias y domiciliaciones de 120 operaciones anuales, pero no hay topes para el uso de los cajeros o el pago con tarjeta. Solo no podrán acceder a ellas las personas que puedan ser expulsadas del país, quienes no aporten la información requerida por el banco para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y aquellos que puedan perjudicar a los «intereses de la seguridad nacional o de orden público». Economía explicó que con la Orden Ministerial «se facilita la movilidad de los clientes, que podrán traspasar sus cuentas entre entidades con más facilidad y se mejora la calidad de los comparadores». El Real Decreto establecerá qué personas tienen derecho a la cuenta de forma gratuita, para lo que «se evaluará la renta y el número de miembros de la unidad familiar utilizando el Indicador de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM)». Para que el servicio no tenga coste la unidad familiar deberá tener unos ingresos máximos de dos veces el IPREM si solo tiene un miembro (12.908,06 euros al año en 12 pagas), dos veces y media si tiene menos de cuatro miembros (16.135,075 euros), y tres veces si tiene cuatro miembros o más o si está reconocida como familia numerosa (19.362,09 euros).