Da empleo a casi 680.000 personas en la Unión Europea, 41.000 de ellas en España, invierte unos 28.000 millones de euros en investigación y desarrollo y sus exportaciones rondan los 150.000 millones. Sin embargo, no todos los números de la industria farmacéutica europea esconden noticias tan positivas, tal y como expone la Comisión Europea en un informe publicado la semana pasada en el que cifra en más de 1.000 millones de euros el montante de las multas impuestas en los últimos nueve años a firmas del sector por sus artimañas para frenar la competencia en un ámbito de «importancia social y económica especial».

En el periodo 2009-2017, el Ejecutivo comunitario ha examinado más de cien de casos, ha castigado 29, junto a 13 autoridades nacionales de la competencia, y mantiene abiertas una veintena más de investigaciones. El análisis, del negociado de la comisaria Margrethe Vestager, confirma que en 24 de los 29 casos sancionados relacionados con medicamentos el resultado se cerró con prohibiciones y solo en cinco las empresas se libraron de la multa.

Para exponer las malas prácticas y conseguir pruebas, los responsables de la competencia hicieron inspecciones sin avisar en el 62% de los casos, en el 90% hubo petición de información y en el 45% se solicitaron entrevistas. La mayoría, en concreto 17, se iniciaron por denuncias.

La lista de problemas identificados durante este ejercicio es larga y variada, aunque el grueso de los casos se refiere a abusos de posición dominante en el mercado. Entre las trabas figuran desde conductas excluyentes para retrasar la entrada en el mercado de medicamentos genéricos hasta prácticas de reparto del mercado o de fijación de precios, pasando por pactos entre empresas productores de medicamentos originales y de genéricos para no comercializar los segundos y repartir los beneficios logrados por los fabricantes de los fármacos originales o simplemente precios excesivos cobrados por medicamentos sin patente.

Por ejemplo, en el 2013 Bruselas impuso una multa de casi 94 millones a la empresa danesa Lundbeck y otros 52 millones a otros cuatro fabricantes de medicamentos genéricos por cerrar acuerdos para retrasar la comercialización de las versiones genéricas del antidepresivo Citalopram. Según la Comisión Europea, las empresas de genéricos se comprometieron a no competir con la compañía danesa a cambio de dinero y de vender sus genéricos a Lundbeck, que después los destruía. El Tribunal General de la UE dio la razón a los servicios de la competencia comunitarios pero las empresas han recurrido.

Otro caso destapado en los últimos años corresponde a la farmacéutica francesa Servier y a otros cinco fabricantes de genéricos que cerraron acuerdos para proteger el medicamento más vendido por Servier, el Perindopril, para la presión arterial. Los implicados fueron multados con 427 millones. Además de pagos a las empresas de genéricos, la estrategia de la compañía francesa incluyó la compra de tecnología a sus competidores y acuerdos sobre patentes. Servier recurrió y logró rebajar la multa a 315 millones, pero aún puede ser contestada.

Pero más allá de bloquear o retrasar el acceso de genéricos al mercado -cuando se comercializan son, aproximadamente, el 50% más baratos que los originales-, algunos fabricantes utilizan estrategias de desprestigio. Por ejemplo, la autoridad nacional de la competencia francesa sancionó en el 2013 a Sanofi-Aventis con 40 millones por su estrategia destinada a «engañar a los médicos y farmacéuticos para que paralizaran los mecanismos de sustitución por genéricos».

A esto se suma la existencia de precios no equitativos en relación a medicamentos sin patentes. El informe está regado de ejemplos por toda Europa. La autoridad italiana de la competencia impuso una multa de 5,2 millones en el 2016 a Aspen por abusar de su posición dominante en relación a varios medicamentos contra el cáncer cuyos precios inflaron entre el 300% y el 1.500%. En el Reino Unido, la farmacéutica Flynn subió el precio del genérico fenitoina sódica hasta el 2.600%, gracias a una laguna legal.

En Dinamarca, la distribuidora CD Pharma aumentó el precio del Syntocinon, administrado a mujeres embarazadas durante el parto, el 2.000% al elevar el coste de 6 a 127 euros. El análisis se hace eco también de la ilegalidad del acuerdo entre una asociación de farmacéuticos de Castilla-La Mancha y el servicio de salud regional, confirmado por el Tribunal Supremo.

Todo este tipo de conductas han reducido, según el Ejecutivo comunitario, los incentivos a la innovación. «Cuando una empresa ya establecida puede confiar en la exclusividad de sus productos antiguos durante más tiempo del que le corresponde, puede afectar a sus incentivos para asumir el riesgo de innovar», alerta el informe.