UGT Aragón se enfrenta a una nueva crisis interna tan solo un año y medio después de que Daniel Alastuey fuera elegido como líder. El conflicto ha estallado en una de las principales federaciones del sindicato, la de Servicios Públicos (FSP), que ronda los 7.000 afiliados. La mitad de su ejecutiva --siete de sus 13 miembros, incluido su secretario general, Ignacio Aguar-- y de su comité regional (unos 40 delegados sobre 100) se han rebelado contra la cúpula para reclamar una "regeneración" de la organización y acabar con lo que consideran que son "malas prácticas" sindicales. Este grupo ofrecerá hoy una rueda de prensa en Zaragoza para exponer su posición.
El conflicto se ha precipitado por una controversia en torno al número uno de UGT en Teruel, Aurelio Palomares. Ignacio Aguar pidió que este fuera apartado de su cargo en una carta remitida a Alastuey el pasado 7 de octubre. En el escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se denuncia el "abuso económico que esta persona está infringiendo a la organización", ya que considera que el sindicato le paga de "manera totalmente injustificada" el alquiler de un piso en Teruel, así como el agua, luz, calefacción y teléfono. Algunas fuentes cifran en 9.500 euros al año esos gastos. El líder de la FSP censura además la "hostilidad" que Palomares dispensa a su federación en esa provincia.
Palomares es un liberado sindical del Gobierno de Aragón desde hace más de 20 años. Aunque reside en Zaragoza, en el último congreso regional de UGT --en mayo del 2013-- fue nombrado secretario territorial en Teruel, donde ya estuvo al frente de la federación de Servicios.
Daniel Alastuey declinó ayer hablar de este asunto, pero el sindicato emitió un comunicado en el que aclaró que el pago de dichas dietas es un "un gasto operativo" de la organización, aprobado por sus órganos internos, para que Palomares pueda ejercer su cargo en Teruel, ya que vive en Zaragoza. UGT destacó que "abona directamente" los importes y que "Palomares no ha recibido cantidad alguna", por lo que rechazó que haya "un enriquecimiento indebido".
ACTO DE CONCILIACIÓN
El propio Palomares reiteró a este diario que su residencia habitual está en Zaragoza. "En Teruel no tengo nada; el contrato del piso está a nombre de la organización, tal y como se aprobó en las ejecutivas y posteriormente en los presupuestos", apuntó. Además, dijo desconocer las cantidades que UGT destina al arrendamiento y otros gastos, aunque admitió que en la actual situación del sindicato es un coste "prescindible". Respecto a la carta de Aguar a Alastuey, dijo que "todo es falso" y que el objetivo de la misma es "hacer daño a las personas". Palomares fue más allá y señaló que ya ha interpuesto un acto de conciliación en el juzgado número 1 de Zaragoza para exigir una "rectificación por las falsedades" que se dicen en la misiva. Si no hay acuerdo, "presentaré una querella", advirtió.
Aguar, por su parte, precisó que lo que denuncia no es un "caso de corrupción" o de "apropiación indebida", sino un "trato de favor injustificado", más aún en un momento en el que el sindicato sufre problemas de tesorería, debido a los cuales lleva tres meses de retraso en el pago de nóminas a sus trabajadores. Aguar circunscribió este caso en los "problemas de fondo" que arrastra el sindicato en cuanto a su modelo de funcionamiento y de financiación. "Debemos ser estrictos en la aplicación de nuestro código ético", defendió, al tiempo que instó a debatir sobre estas cuestiones en un comité regional de la federación.
Algunas fuentes consultadas se remontan al año 2007 para explicar la situación a la que se ha llegado. Por entonces, Alastuey era secretario general de la FSP Aragón y se rodeó de personas afines como Palomares. Una fidelidad que, según el relato de algunos afiliados, fue recompensada con su designación para el cargo en Teruel en el mismo cónclave donde él fue elegido líder del sindicato en sustitución de Julián Lóriz.
Fuentes de UGT expresaron ayer su "preocupación" y "malestar" por las consecuencias de este conflicto.
