La segunda reunión para pactar una nueva prórroga de los ertes ha finalizado sin acuerdo. Tras dos horas de conversaciones, el Gobierno y los agentes sociales no han conseguido consensuar un texto común y las negociaciones proseguirán esta misma semana. Las partes mantienen el optimismo, pero el acuerdo se hará esperar algo más. La patronal, según coinciden varias fuentes presentes, aprieta al Ejecutivo para relajar el veto a los despidos; una línea roja para el Ministerio de Trabajo y los sindicatos que dilata una entente que, a priori, no parece peligrar. Actualmente, 755.000 trabajadores está afectados por un expediente de suspensión y las vigentes condiciones vencen el 31 de enero.

La semana pasada consensuaron la fecha (hasta el 31 de mayo) y esta las partes se conjuran para tratar de cerrar el contenido. El esquema de protección social que pretenden sacar adelante los ministerios de Trabajo y Seguridad Social replica gran parte de las condiciones del pasado acuerdo. Las exoneraciones para las empresas se mantienen en horquillas de entre el 75% y el 100%, depende del tipo de erte, las prestaciones para los trabajadores se prorrogan en las mismas condiciones; según la oferta puesta encima de la mesa por el Ejecutivo.

Para tratar de pulir el acuerdo, y atendiendo a la demanda de la patronal, los representantes del Gobierno han planteado simplificar los trámites para las empresas y que estas puedan transitar de un tipo de erte a otro de manera prácticamente automática. Ello tiene especial efecto para negocios que durante los últimos meses, y antes las cambiantes restricciones, deben transitar de un erte por suspensión a otro por limitación. Como, por ejemplo, los bares y los restaurantes. Y buscan descargar de trabas burocráticas especialmente a las pymes.

El escollo de la cláusula de mantenimiento del empleo

Desde el Ejecutivo entienden que los actuales niveles de exoneración son difícilmente aumentables y también defienden que, como contrapartida, si estos no disminuyen, no tiene sentido exigirles un menor compromiso con el empleo a las empresas receptoras. La cláusula de salvaguarda del empleo, que prohíbe los despidos durante los seis meses posteriores al erte, ha incomodado a la patronal desde el primer acuerdo. Y, como ha intentado en las cuatro prórrogas aprobadas durante el 2020, en esta ocasión está peleando por relajar este punto.

La interpretación realizada por la Dirección General de Inspección de Trabajo establece que una empresa que despida a un solo trabajador durante los seis meses posteriores a la finalización del erte debe devolver todas las ayudas recibidas por el total de su plantilla afectada. Dicha interpretación provoca un intenso rechazo entre la patronal y algunos afiliados de CEOE, como Foment del Treball, han sido firmes detractores de prorrogar dicha cláusula.

No obstante, las partes han reafirmado su optimismo de poder cerrar un acuerdo antes del próximo 31 de enero y el mantenimiento de la cláusula no se presenta, a priori, como un obstáculo insalvable. Y el Ejecutivo mantiene su intención de dejar cerrado un consenso antes de finalizar esta semana, para así poder llevarlo al Consejo de Ministros del próximo 19 de enero. Las partes serán convocadas a una nueva cita el jueves de esta misma semana.