La primera en expresar recelos fue la consejera de Economía de Madrid, del PP. Engracia Hidalgo felicitó a la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en cuanto se conoció su nombramiento, pero hizo notar que también esperaba de la exconsejera andaluza de Hacienda, del PSOE, «equidad y justicia» en el debate para la reforma del modelo de financiación autonómica.

Desde posiciones bien distintas, en el pasado reciente Hidalgo y Montero han compartido de tú a tú debates en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en calidad de consejeras de Hacienda de sus respectivas comunidades. Ahora, Montero, en su nueva calidad de ministra, pasa a presidir el consejo y ello suscita lógicos recelos entre sus antiguos colegas en el CPFF, temerosos de que las tesis de Andalucía gocen de un pasaporte preferente en la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica.

Desde su anterior cargo como consejera de Hacienda, Montero impulsó un acuerdo entre fuerzas políticas andaluzas para la reforma de la financiación autonómica. En él se resume un modelo cuyo punto de partida es garantizar una nivelación total en la financiación de todos los servicios públicos que prestan las autonomías.

Los recursos deberían llegar de una mayor participación de las comunidades en la recaudación del IVA y de los impuestos especiales (se propone pasar del 50% y el 58% actuales al 70%), de recursos adicionales del Estado a las autonomías y de un fondo común dotado por la recaudación básica obtenida por todas las comunidades a partir de tributos cedidos tales como sucesiones, transmisiones patrimoniales, patrimonio y otros.

Población ajustada

El modelo andaluz propugna una armonización mínima en estos tributos cedidos, para evitar la competencia fiscal a la baja entre territorios (dumpin fiscal). Todos estos recursos pasarían a engrosar un bote cuyo reparto se efectuaría en función de una nueva definición de población ajustada en la que, además de los parámetros de número de habitantes, edades, dispersión o insularidad también se tendría en cuenta la tasa de paro, según la propuesta de Andalucía.

Esta filosofía está próxima a planteamientos de comunidades como Galicia (PP), Castilla y León (PP) y Asturias (PSOE) que piden un modelo de financiación que, sobre todo, prime la garantía de prestación de niveles similares de servicios públicos en las comunidades, con independencia de su capacidad para generar ingresos tributarios.

En el otro lado de la mesa, autonomías como Baleares (PSOE), Valencia (PSOE) y Madrid (PP) ponen el acento en la capacidad tributaria de sus territorios, dentro de un discurso coincidente con las tradicionales posiciones de Cataluña.

Para estas comunidades, toda la recaudación de sus tributos debería quedarse en la autonomía y a partir de ahí establecer mecanismos de solidaridad con el resto aunque con un límite: el principio de ordinalidad. Según este principio, la comunidad que más recauda podría ceder recursos para el resto con el límite de no perder su primera posición en términos de recursos por habitante. Andalucía se opone.

Y, en relación al debate sobre algún tipo de quita o reestructuración de la deuda de las autonomías con Estado -que impulsan Valencia, Baleares y Cataluña, sobre todo-, Andalucía defiende que esta solo sea posible si se demuestra que los actuales sistemas han castigado a un territorio frente a otros, para evitar que el perdón se perciba como un premio a la mala gestión.

Con todo, la presidenta balear Francina Armengol, del PSOE, se ha mostrado optimista tras la designación de la nueva ministra. «Montero, hasta ahora, ha defendido los planteamientos de Andalucía, pero ahora es ministra y sabrá organizarse», afirmó Armengol en declaraciones a la prensa. «Viene de la Administración autonómica y sabrá tratar estos temas de manera diferente», añadió antes de rematar: «Lograremos un sistema de financiación infinitamente mejor que con Cristóbal Montoro».