El real decreto-ley 19/2018, del 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, significará un antes y un después para el sector de la tecnología relacionada con las finanzas. Las fintech confían la eclosión de esta actividad en España a esta normativa que no hace más que transponer la directiva de servicios de pago de la Unión Europea (UE), con cierto retraso, a la legislación española.

La adaptación implica abrir el mercado de servicios de pago a una mayor competencia e innovación. Debe hacer más ágiles y fáciles los pagos para los consumidores, reforzar las medidas de seguridad y estandarizar los sistemas de pago en Europa. Pero además da carta de naturaleza al fenómeno denominado open banking, que conmina a los bancos a abrir a terceros sus infraestructuras de pago y la información de cuentas de clientes con el consentimiento de estos. Y «redundará en la transparencia de los servicios financieros en una traslación del principio de que los datos personales pertenecen a los usuarios», añade Xavier Foz, socio en derecho bancario y financiero de Roca i Junyent.

La tecnología financiera comienza a tener cierto tamaño en España. En noviembre de este año, había 327 start-ups clasificadas como fintechs, según Finnovating, consultora especializada en innovación. Desde enero del 2017, el sector ha crecido el 53% en empresas. Y se estima que ha generado al menos unos 4.500 nuevos empleos durante el presente ejercicio. El 32,5% de las fintech españolas han levantado un millón de euros o más en financiación.

Pese a estas cifras, el sector aún está lejos de mercados como el del Reino Unido, que es el primero de Europa. «Hay un mercado de millones de usuarios y eso ha permitido el desarrollo del sector, que debe más a la cultura financiera de los británicos que a la concentración de empresas allí», explica Philippe Gelis, fundador y consejero delegado de Kantos, una fintech dedicada a las divisas que tiene sedes en Londres y Barcelona. «En cuanto una empresa lanza un producto nuevo en este mercado, inmediatamente tiene un gran número de usuarios dispuestos a probarlo. Y si funciona, se implanta», agrega.

No es ese el caso de España, por el momento. «Nuestro mercado se encuentra al nivel del de Italia y Francia, y podemos aspirar a parecernos al de Alemania», destaca Sergio Fernández, director general de Credimarket, portal de financiación al consumo. El gran cambio que llega es el registro de sociedades fintech, que podrán operar en toda la UE. Da pie a que las españolas se internacionalicen, pero también a que la competencia entre. «Hay muchas firmas de crédito del Este que esperan la oportunidad para acceder a España», afirma Julián Díaz-Santos, cofundador de Unnax, una firma especializada en open banking.

Para que las fintech puedan acceder a los clientes, y estos contraten sus productos, los bancos deben contar con la tecnología que permitan el acceso a la información de sus usuarios. Las denominadas API (interfaz de programación de aplicaciones) son la puerta que deben abrir. Permiten, por ejemplo, que una cadena supermercados pueda establecer mecanismos de cobro sin tarjetas a su cliente, a través del banco de este. De hecho ya hay entidades como el Santander, el BBVA y el Sabadell que han creado sus propias API. Dicen las fintech que, de momento, son solo las carcasas. Aún tienen hasta marzo para implementar los sistemas.

En el lado opuesto, Liberbank apuesta por su desarrollo para abrir vías de negocio. «Creemos en este modelo y trabajamos en cimentar alianzas con terceros», explica Joaquín Sevilla, director de transformación digital.