El Gobierno catalán reconoció ayer que la facturación conjunta de las empresas que trasladaron su sede hacia otras partes de España entre octubre del pasado año y julio asciende a unos 100.000 millones de euros. Así lo afirmó ayer la consejera de Economía, Àngels Chacón, durante una rueda de prensa para presentar un estudio sobre los efectos de esos traslados en la economía productiva . Chacón informó de que 2.501 empresas cambiaron su sede social fuera de Cataluña desde el pasado octubre hasta finales de julio, lo que corresponde al cambio de 3.700 códigos de identificación fiscal (CIF), y que su efecto «no fue inocuo». La consejera criticó el decreto-ley aprobado en octubre por el Gobierno de Mariano Rajoy, al que acusó de «querer perjudicar a la economía catalana», pero minimizó el impacto económico de esos traslados.
El PIB de las empresas catalanas el pasado año fue de 234.651 millones de euros. Pese a que no se deben comparar PIB y facturación, y que el traslado de sedes no afectó a infraestructuras industriales, las ventas de 100.000 millones que suman las empresas huidas ejemplifican la relevancia política del fenómeno. En el dato de facturación se incluye el valor de los bienes intermedios por lo que es muy superior al del PIB, que evita la doble contabilización. Según algunos economistas, el PIB puede ser equivalente al 25% de la cifra de ventas global, pero ese porcentaje puede variar mucho según las ramas de actividad.
Chacón negó ayer la idea de que las empresas que decidieron trasladar la sede fuera de Cataluña mantengan una oposición clara contra el proyecto político independentista del Govern. Según su punto de vista, «no necesariamente» la posición de los responsables de esas empresas se puede ampliar a la de todos los accionistas. En este sentido, Chacón pidió ayer al Gobierno socialista «la derogación del decreto que facilita el traslado de sedes sociales» que aprobó el Gobierno Rajoy.
