Las empresas aragonesas de inserción aguantan el tipo a pesar de la crisis. El sector ha conseguido sobreponerse al parón que sufrió entre 2010 y 2012, cuando perdió cerca de 100 empleos, y ha mantenido la misma estructura que tenía a principios del 2008: diez firmas y 250 puestos de trabajo. De ellos, un 60% son ciudadanos en riesgo de exclusión social (parados de larga duración sin subsidio, menores procedentes de casas de acogida o reformatorios, reclusos en tercer grado...), mientras que el resto es el personal de administración y organización de las propias compañías, según explicó ayer el presidente de la Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción (AREI), Carlos Lázaga.
"Hemos podido mantener la estructura de todas las firmas y eso nos hace estar satisfechos, pero vamos a seguir trabajando porque hay mucho camino por recorrer", subrayó Lázaga, que valoró el apoyo de la administración en esta materia. Así, por ejemplo, aplaudió el Plan de Empleo Social puesto en marcha el año pasado por el Ayuntamiento de Zaragoza, un programa que ha generado 60 empleos en proyectos de rehabilitación de espacios urbanos o zonas verdes. "Nosotros ya habíamos remontado un poco la situación y eso nos dio el empujón que necesitábamos", apuntó Lázaga.
Tras participar en la jornada Por el empleo responsable en el Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza, el presidente de AREI recordó que el objetivo de este tipo de empresas es lograr la inclusión social mediante el acceso al mercado laboral ordinario. "Durante un máximo de tres años los ciudadanos en riesgo de exclusión pueden hacer un itinerario de inserción y formarse para luego dar el salto a las empresas tradicionales", explicó.
RETOS A CORTO PLAZO
Según los datos de Faedei --la asociación a nivel nacional-- este reto se cumple "en el 42% de los casos" siempre, eso sí, que realicen el programa completo.
Con todo, Lázaga señaló que "se puede seguir mejorando". Para ello, apostó por impulsar la formación y que todos los trabajadores "salgan con un título que pueda homologarse". Además, indicó que las compañías de inserción deben adaptarse al mercado y trabajar en los sectores "con más salida". "Debemos pensar lo que demandarán las empresas tradicionales", dijo Lázaga, que también exigió que la administración reclame "responsabilidad civil" a sus contratas.
Durante la jornada se celebró una mesa redonda en la que firmas como Saica o Simply trasladaron su visión sobre el sector. Una actividad que en el conjunto del país ha elevado su cifra de negocio casi un 15% desde 2008. El año pasado, las 204 empresas de inserción facturaron 90 millones de euros y daban empleo a 5.050 personas, 500 más que en el 2012.
