La Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer cuatro años de cárcel para el expresidente de CatalunyaCaixa Narcís Serra y para el exdirector general Adolf Todó, por el aumento de sueldo a dos altos cargos de la entidad cuando ya estaba en situación crítica. La acusación pública imputa a ambos el delito de administración desleal. La petición se dirige también contra otras 39 personas, miembros del consejo de administración. De ellos, a un total de 17 consejeros se les reclama cuatro años de prisión por haber tomado dos veces esta medida, y a 24, dos años, por una única ocasión. En concepto de responsabilidad civil, el fiscal pide que los acusados paguen 2,56 millones de euros más intereses al FROB.

La Audiencia de Barcelona deberá ahora fijar fecha para el juicio. Serra, exvicepresidente del Gobierno con Felipe González y exministro de Defensa, y el resto de directivos están acusados por la aprobación en enero y octubre del 2010 de resoluciones que incrementaron el salario de dos ejecutivos: Todó, director general. y Jaume Massana, director general adjunto.

El primero de los acuerdos se aprobó el 19 de enero del 2010 y consistía en aumentar el salario fijo y el variable anual de Todó del 35% al 50% y el de Massana del 35 al 45%. Por este apartado están acusados 17 directivos, entre ellos Serra y Todó. El 13 de octubre de ese mismo año, el consejo de administración aprobó otra subida de las retribuciones de los miembros del comité de dirección para el 2011. Todó pasó a cobrar de 800.481 euros a 812.501 y Massana de 598.428 a 610.201 euros. Por este acuerdo están acusados 41 exdirectivos, entre ellos Serra. El fiscal acusa a 17 ejecutivos de dos delitos de administración desleal (votaron en enero y octubre) y al resto solo de un delito. Antes de la aprobación del último incremento de sueldos, Caixa Catalunya se había fusionado con la de Tarragona y la de Manresa (mayo del 2010). El FROB suscribió participaciones de la caja por 1.250 millones el 28 de julio del 2010, meses antes del segundo aumento de sueldo. Al año siguiente, el FROB invirtió 1.718 millones y en 2012, 9.084.

El fiscal considera que alza de las retribuciones no era acorde a la situación real de la entidad. Entre el 2007 y el 2009 los beneficios de CatalunyaCaixa se habían reducido considerablemente y en el año 2010 hubo un expediente de regulación de empleo que afectó a 1.600 personas. Pese a la difícil situación económica general, del sistema financiero y, en especial de CatalunyaCaixa, los sueldos de Todó y Massana «no dejaron de subir» durante el 2009, el 2010 y el 2011.

CLÁUSULAS DACRONIANAS /Entre otras decisiones controvertidas, se pagó a Todó una retribución fija anual de 600.000 euros -que luego incluso se aumentó- a lo que había que sumar una retribución variable del 35% del total, condicionada al cumplimiento de objetivos. Se estableció para él una cláusula de prejubilación a partir de los 60 años por la que cobraría hasta los 67 una renta mensual del 90% de su sueldo, y a partir de los 67 «una renta vitalicia» del 80% de lo recibido los 12 meses anteriores. Otra cláusula establecía que, en caso de morir, su hija podría recibir una pensión vitalicia por el 50% de la retribución cobrada por Todó los últimos 12 meses. En total, Todó percibió más de cuatro millones de euros entre el 2008 y el 2012, a lo que hay que añadir aportaciones al plan de pensiones.

En el caso de Massana, se establecieron las mismas cláusulas de prejubilación que a Todó y se le fijó un sueldo de 371.000 euros en su primer año con una retribución variable del 35% por la consecución de objetivos. Massana cobró entre el 2008 y el 2012 un total de 2.895.922 euros a lo que, como en el caso de Todó, también hay que añadir lo que se aportaba al plan de pensiones.

A Serra, además de «elevados emolumentos en concepto de dietas» por presidir las comisiones y el consejo -que oscilaron entre 24.801 y 135.707 euros al año-, a partir del 2007 se le asignó un sueldo de 175.000 euros anuales. La defensa de Serra alegó que no hubo perjuicio económico y que Serra solo era presidente honorífico.