El fiscal Anticorrupción David Martínez Madero solicitó penas de entre 3 años y 7 meses de prisión e importantes multas para los 19 procesados por el denominado "fraude del lino". Entre ellos se encuentra el ex subsecretario de Agricultura y ex presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Nicolás López de Coca, que se enfrenta a un año de prisión, una multa de 144.242 euros y cuatro años de inhabilitación especial para cargo público.

López de Coca está acusado por tráfico de influencias. Martínez Madero aseguró que el antiguo subsecretario de Agricultura usó su cargo, al que llegó en 1996, para lograr que sus hijos cobrasen una subvención comunitaria por cultivar lino. En un escrito entregado hoy al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, el fiscal solicitó la apertura de juicio oral para estos imputados, que son en su mayoría administradores o apoderados de empresas transformadoras.

Según el fiscal, el fraude, además de en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, tuvo lugar también en Aragón, donde operaba la transformadora Ecoagrocas. El lino despertó un creciente interés en los años 90 en toda España y el número de agricultores que sembraron aumentó de forma increíble.

En su escrito, el fiscal afirmó que el cultivo del lino en España, inexistente hasta 1992, alcanzó las 91.400 hectáreas en la campaña 1998/1999, "un crecimiento que no estaba justificado ni por las condiciones climáticas existentes en la mayor parte del territorio español ni por la exigua comercialización del producto realmente cultivado", puesto que el lino se importaba ya terminado. En concreto, en Aragón, el cultivo de esta planta oleaginosa pasó de ocupar 7.304 hectáreas en 1996 a brotar en unas 13.000 hectáreas en 1999, casi el doble. Sin embargo, estas cifras son muy limitadas en comparación con otras comunidades autónomas.

La investigación se inició por una denuncia de la Oficina Europea de Lucha Antifraude al observar irregularidades en la aplicación en España del régimen de ayudas comunitarias en el sector textil, ya que aparecieron certificados manipulados y se produjeron incendios provocados. La Comisión Europea impuso a España una multa de más de 100 millones de euros. El caso del lino desató una polémica entre el Gobierno central y algunas comunidades autónomas gobernadas por los socialistas y el juez Baltasar Garzón acusó de falta de control a la Administración central.