El fiscal Alejandro Luzón ha pedido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional una fianza de entre 75.000 y 100.000 euros al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa para eludir el ingreso en prisión. Para Rodrigo Rato, ni siquiera ha solicitado la retirada de pasaporte, al entender que ya está acordada en el procedimiento en el que se investiga su patrimonio. La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que ejerce la acusación popular, sí ha reclamado el ingreso en prisión de los dos condenados. El Tribunal tomará una decisión en las próximas horas.
En la vistilla del artículo 505 de la ley de enjuiciamiento criminal, el representante del ministerio público defendió que los seis años de cárcel a los que fue condenado Blesa son suficientes para que se le imponga una fianza como garantía con la que conjurar cualquier riesgo de que se fugue, circunstancia que no cree probable y descarta totalmente para Rato, para el que ni siquiera ha pedido que se retire el pasaporte, al entender que es suficiente con que esta misma medida ya fuera adoptada en otra causa.
La acusación que ejerce la CGT, en cambio, ha pedido el ingreso en prisión de Blesa o la imposición de la fianza solicitada por el fiscal. En caso de que no se acuerde ninguna de estas medidas quiere que se les retire el pasaporte tanto a Blesa como a Rato, ya que considera que aunque ya se haya establecido esta medida por el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid no se puede depender de esa causa, que se encuentra más atrasada que la de las 'black', donde ya ha habido hasta condena.
Por su parte, la CIC ha argumentado para solicitar el ingreso en prisión de ambos el riesgo de fuga existente en cambos casos, no tanto por las condenas impuestas, de 6 años para Blesa y 4 años y medio para Rato, sino por las otras causas en las que están imputados.
La Sala de lo Penal hizo pública la sentencia de las 'black' el pasado 23 de febrero en la que condenó a los 65 acusados a penas de cárcel que van desde los 3 meses hasta los 6 años de prisión por delito continuado de apropiación indebida por el uso para gastos personales que hicieron con las tarjetas opacas al fisco.
OTRAS CAUSAS
Tanto Blesa como Rato --a los que el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo consideró que quebraron la lealtad que la caja depositó en ellos por las tarjetas opacas-- están también imputados en otros procedimientos. Rato en la causa en la que se investiga su patrimonio y en la salida a bolsa de Bankia, mientras que Blesa lo está en la pieza del 'caso Bankia' en la que se investigan las preferentes de la entidad.
Blesa también lo está en otro procedimiento abierto por los sobresueldos que percibieron exdirectivos de Caja Madrid, en el que recientemente se ha abierto juicio oral. Rodrigo Rato está siendo investigado por el juez Antonio Serrano-Arnal, titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, en relación con su patrimonio.
El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y la práctica totalidad de los 65 condenados, por su parte, recurrirán en casación la sentencia dictada por la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional. Hasta que el Tribunal Supremo no la revise no será firme.
SENTENCIA
La sentencia de la Audiencia Nacional que recoge la condena de los 65 exaltos cargos y directivos de Caja Madrid y Bankia y de la que fue ponente la magistrada Teresa Palacios, fundamentó la condena a los 65 beneficiarios en el uso personal que hicieron de las visas que recibieron a su llegada a la entidad nacionalizada y a las que cargaron un total de 15 millones de euros entre 1999 y 2012.
El tribunal determinó que la práctica nacida bajo un acuerdo del Consejo de Administración del 24 de mayo de 1988 acabó derivando en un sistema con el que se dilapidó el patrimonio de Caja Madrid. En concreto reprochó a los acusados que perpetuaran en el tiempo esta práctica y no la eliminaran y que no era de recibo que estas personas "altamente cualificadas" sostuvieran abiertamente que podían hacer uso de unas tarjetas de empresa integradas en su salario.
Pese al argumentario de los acusados, el tribunal consideró probado que fueron colaboradores de una práctica oculta a los supervisores y señaló especialmente a Miguel Blesa y a Rodrigo Rato, de quienes dijo que se situaban en el "punto de partida de la distracción de fondos de la entidad. "La lealtad quebrada se hace evidente, por anteponerse los fines personales a los intereses sociales que eran los bancarios y no otros", precisa la resolución.
