El fiscal del caso Jamón de Teruel ha rebajado la petición de pena a dos de los tres exaltos cargos del consejo regulador de la denominación de origen que están acusados de apropiación indebida durante su gestión. Para la expresidenta y el exvicepresidente, Pilar Martín y Clemente Garcés, respectivamente, ahora solicita 18 meses de cárcel en lugar de 3 y el pago de una indemnización de 150.000 euros (antes 300.000 para los tres). Sin embargo, mantiene la calificación para el exgerente Fernando Guilén.
El juicio quedó ayer visto para sentencia. La última sesión se centró en las pruebas periciales. El economista contratado durante la instrucción del caso a petición del ministerio fiscal consideró que no estaba justificada la creación de Promorigen como filial de la denominación y concluyó que hubo falta de transparencia y de control en los gastos.
Para los abogados de la defensa, el informe económico del perito tiene «lagunas» y no demuestra que los acusados se beneficiaran económicamente. Como prueba de ello, presentaron dos nuevos estudios que contradicen la versión de la acusación.
