La Fiscalía Anticorrupción mantuvo ayer los cargos contra siete miembros de la excúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), a los que acusó de «hacer trampas» en las «falseadas» cuentas del 2010, que arrojaron cerca de 200 millones de euros de beneficio gracias a la utilización de operaciones «sin lógica económica». Ello provocó una falsa sensación de «tranquilidad», denunció, que ocasionó un «daño innegable» en el 2011, año de su intervención, a los ahorradores que compraron cuotas participativas de la entidad y que perdieron toda su inversión.

No habrían comprado los títulos «de haber sabido que no obtendrían nada», denunció el fiscal Luis Rodríguez Sol durante la lectura de sus conclusiones del juicio celebrado en las últimas semanas contra los exdirectivos en la Audiencia Nacional. Los acusados, sostuvo, se dedicaron a «engañar» e «inflar» el resultado para mejorar la liquidez.

En este sentido, recordó que Roberto López Abad, exdirector general y «administrador de hecho» de la caja, admitió en un correo de noviembre del 2010 que la entidad necesitaba 300 millones de liquidez. Para solucionarlo, además de titulizar activos para venderlos al mercado, reconocía prácticas irregulares como pasar créditos fallidos (no pagados) a normales para liberar provisiones y aumentar el beneficio.

El Ministerio Público mantuvo la petición de siete años y medio de cárcel para López Abad, su adjunta Dolores Amorós, el exdirector general de Inversiones y Riesgos Francisco José Martínez, y el de Planificación y Control Teófilo Sogorb (que autorizó unas retribuciones de 47,3 millones para el equipo directivo que «nunca deberían haberse percibido de haberse reflejado los resultados reales»). Los delitos son falsedad contable continuada y estafa. Para los exdirectores de Financiación, José Luis Sabater, y de Información Financiera, Salvador Ochoa, pide 1,2 años de cárcel y para Vicente Soriano (Recursos) diez meses.

El fiscal tampoco varió su postura en relación al expresidente de la CAM Modesto Crespo, contra el que no ejerce cargos. Por su parte, Fondo de Garantía de Depósitos, que tuvo que asumir el rescate de 5.249 millones, ha retirado la acusación contra Crespo por entender que no participó en los hechos. Otras acusaciones la mantienen, aunque ha bajado la petición de cárcel.