La Fiscalía ha dado vía libre a nuevas investigaciones en relación al caso CAI, en el que están imputados el exdirector general de la caja, Tomás García Montes, el exdirector territorial en Madrid, Javier Alfaro, y el exsocio de la caja en Andalucía en negocios inmobiliarios, Ramón Marrero, por presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal. En un escrito remitido a la jueza que instruye el caso, el ministerio fiscal ve oportuno "continuar la tramitación de las actuaciones, realizando todas aquellas diligencias de prueba que se consideren necesarias para la averiguación de los hechos denunciados".

Fuentes jurídicas señalaron a este diario que esta resolución podría abrir la puerta, no solo a más averiguaciones respecto a la querella que en su día presentó la entidad contra estos tres exdirectivos, sino a nuevas vías de investigación. Más si cabe, apuntan, tras los documentos que fueron trasladados recientemente a los miembros de la comisión de investigación de la CAI y ante la negativa de la entidad a hacer entrega de las actas de los principales órganos de gobierno.

El escrito de Fiscalía, al que ha tenido acceso este diario, señala que una vez instruída la causa, deberá dictarse una resolución encaminada a la apertura de juicio oral o al sobreseimiento de la causa.

CASO ABIERTO El caso nace a raíz de la presentación de una querella por parte de CAI contra Montes, Alfaro y Marrero por, supuestamente, un viaje privado realizado a Egipto --cuyas facturas fueron pagadas presuntamente por la entidad--, la compra de dos pisos con una rebaja del 50% y por el dinero que obtuvo Marrero tras desvincularse de la entidad. En el caso, además de caja, está personado el sindicato Asipa, que ya ha anunciado su intención de presentar una nueva querella, al igual que hizo la asociación Aicar.

A finales de enero, la jueza abrió diligencias previas y llamó a declarar como testigos a exdirectivos de la entidad, aunque durante estos últimos meses apenas ha habido movimientos desde el punto de vista judicial.

Ahora, transcurrido más de un año desde la imputación de los exdirectivos, salen a relucir --como consecuencia de la puesta en marcha de la comisión de investigación de CAI-- nuevos documentos sobre la gestión de la entidad a partir del 2001 y el agujero generado (se cifra en casi 3.000 millones) a través de la inversión en el negocio promotor e inmobiliario.

Entre ellos destacan los presentados por el exdirector general de Riesgos de CAI, Carlos Montón, mediante los cuales denunció "irregularidades manifiestas" y hechos que podrían ser constitutivos de delito. Además, a las Cortes también ha llegado un informe, facilitado por García Montes, en el que se ponen en entredicho los documentos de Montón.

Por tanto, varias fuentes jurídicas apuntan que en las próximas semanas podría haber nuevos movimientos en relación al caso CAI.