El Fondo Monetario Internacional (FMI) reveló ayer cálculos sobre el déficit público previsto para España para este año peores que los del Gobierno español. En el informe Monitor Fiscal, lanzado ayer en Washington, el organismo internacional estima que el déficit español este año alcanzará el 2,5% del PIB. El Gobierno lo sitúa en el 2,2% en el proyecto de Presupuestos. El organismo apunta a la falta de un plan concreto del Gobierno para atajar el problema. «Las autoridades españolas prevén una consolidación gradual a través de la contención del gasto para llevar el déficit al 0,5% del PIB en 2020, aunque todavía no se ha establecido un plan fiscal a medio plazo con medidas concretas», dice el informe. Pese a ello, en rueda de prensa el director del Departamento Fiscal del FMI, Vitor Gaspar, mostró su apoyo al Gobierno. «No creemos que la meta (el 0,5% para 2020) sea muy ambiciosa. Apoyamos el ajuste», dijo, añadiendo también que será Madrid quien tendrá que diseñar la «combinación exacta de políticas» sin perjudicar al crecimiento.

El organismo que dirige Christine Lagarde reconoció que el crecimiento sigue siendo fuerte en España y ve «recomendable» que este año se realice una consolidación del balance primario estructural de medio punto del PIB. Según el FMI, hay espacio para medidas sobre todo en el lado de ingresos, como ampliar la recaudación por IVA. Señala que tanto en España como en Italia y el Reino Unido hay espacio para reformar el impuesto y mejorar su capacidad de recaudación, algo que según el organismo «eliminaría distorsiones económicas».

El presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Jaime Ponce, estimó también ante la comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados que su organismo, responsable de canalizar el rescate a la banca de los últimos años, aportará otros 325 millones al déficit público en el 2018. De confirmarse, el agujero para las cuentas del Estado será un 31,5% inferior a los 475 millones del 2017.

El déficit del 2017 se debió a unas pérdidas financieras de 100 millones del FROB, otros 100 millones desembolsados para cubrir agujeros garantizados a bancos que se quedaron con entidades rescatadas, y 274 millones responsabilidad de su participada BFA, matriz de Bankia (pagó 485 millones por sentencias negativas por la salida a bolsa del 2011 y las preferentes y recibió 211 millones en dividendos de su filial). En el 2018, estimó unas pérdidas financieras de 120 millones, un gasto en garantías de 225 millones y una aportación positiva de BFA de 35 millones.

El incremento de las pérdidas financieras de este año se debe a que dos bancos adquiridos por Ibercaja y Unicaja han amortizado las participaciones convertibles que recibieron del FROB y por las que pagaban elevados intereses. En cuanto a las garantías, Ponce recordó que su organismo se comprometió con Caixabank a cubrir hasta 1.100 millones de una cartera de préstamos a pymes del Banco de Valencia y que la pérdida esperada se acerca a los 500. Ponce consideró como «razonable» la estimación de que el Santander habría heredado del Popular unos 2.000 millones en derechos al menor pago futuro de impuestos (activos fiscales diferidos o DTAs) y que la intervención y compra de la entidad podría provocar una aceleración en el reconocimiento de sus pérdidas, con lo que las cuentas públicas podrían sufrir el impacto de estos DTAs en la recaudación antes de lo previsto.