Seguramente no lo pretendía, pero el Fondo Monetario Internacional ha entrado de puntillas en la campaña electoral española, donde el debate sobre las pensiones está ocupando un espacio central. El organismo que dirige Christine Lagarde reclama a las autoridades españolas que adopten medidas para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones y compensar las subidas promovidas en el Pacto de Toledo e implementadas en parte por el Gobierno de Pedro Sánchez. El pasado mes de diciembre la mayoría de formaciones políticas se pusieron de acuerdo para reclamar que el poder adquisitivo de las pensiones se asegure con subidas anuales equivalentes a la tasa de inflación (IPC). La entente prácticamente enterró la fórmula previa implantada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que a la práctica limitaba las subidas al 0,25% mientras las cuentas de la Seguridad Social fuesen deficitarias.

Garantizar la viabilidad financiera de los sistemas de pensiones requiere la adopción de una serie de medidas integrales, incluidas medidas para compensar la reciente relajación de la indexación de las pensiones en España, asegura el FMI en su informe de Supervisión Fiscal, presentado este miércoles en Washington. La recomendación no es nueva. Ya el pasado mes de octubre, el guardián de las finanzas internacionales advirtió que la reforma para vincular la prestación con el índice de precios al consumo puede poner en peligro la sostenibilidad del sistema a menos que se compense el aumento del gasto. Sus analistas estimaron que nuevo modelo incrementaría el coste de las pensiones entre un 3% y un 4% del PIB durante los próximos 30 años.

España ha conseguido rebajar la deuda general del Estado desde el pico alcanzado en el 2014, cuando superó el 100% del PIB. Este año se situará en el 96% y la previsión del Fondo es que siga bajando hasta el 92,3% en 2024. Aun así, su peso es oneroso, por más que sea inferior porcentualmente a la deuda de Francia, Italia o Estados Unidos. Se espera que el pago de intereses de la deuda como porcentaje del PIB aumente a medio plazo en algunas economías avanzadas, España incluida. Actualmente su financiación, que incluye un 2,3% de déficit público para este año, se come el 16,7% del PIB, según el FMI.

A las economías altamente endeudadas como la española, el Fondo les reclama que pongan en marcha programas graduales de ajuste fiscal para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y ampliar su margen de maniobra en caso de que se produzca un nuevo deterioro del marco macroeconómico. Una recomendación aplicable a buena parte del mundo. Con el crecimiento global ralentizándose y el aumento de la incertidumbre, la política fiscal debería prepararse para posibles recaídas buscando un equilibrio entre el crecimiento y la sostenibilidad, dice su informe. El FMI aboga por presupuestos que combatan la desigualdad y apoyen la actividad económica con reformas de impuestos, gasto social y políticas activas de empleo.