La lucha contra la obsolescencia programada puede conseguir a corto plazo un éxito en la Europa en el futuro o un velado varapalo. El Parlamento francés ha aprobado castigar con penas de hasta dos años de prisión y multas de 300.000 euros a las empresas que, con la excusa de las leyes del mercado y la supervivencia empresarial, violen las leyes de defensa del consumidor. A priori parecen penas escasas para frenar el fenómeno de la obsolescencia programada, pero puede suponer también el embrión de un modelo legal a escala europea. O quizá no. Las presiones de los grupos empresariales franceses han aparecido y podrían conseguir que en el redactado final del marco normativo a presentar esta legislatura la aplicación se circunscriba solo a los proveedores.

El senador francés Jean-Vincent Placé se ha convertido en el paladín de ese primer trámite legal, acorde con una visión del mundo más ecológica y que aboga por modelos de consumo basados en productos menos perecederos como una forma de defender el ya manido concepto de sostenibilidad del planeta. El presidente de los ecologistas en el Senado Francés presentó el pasado marzo un proyecto de ley para sancionar a los fabricantes que utilicen la táctica mercantil de la obsolescencia programada, por considerarla injusta y perjudicial para el medio ambiente. Como él mismo detalló en su intervención, en el 45% de los casos los aparatos se sustituyen cuando todavía están en buen funcionamiento o deberían poder ser reparados: "Hay que poner fin a esta estafa de usar y tirar, se debe garantizar el poder utilizar productos fiables, reparables y duraderos", declaró a 'Le Monde Diplomatique'.

AMENAZA AL ESPÍRITU DE LA LEY

Sin embargo, el maquillaje de la ley del consumidor aprobada por el Parlamento francés el 14 de marzo del 2014 amenaza la enjundia de los objetivos. Muchas voces temen que no sea posible la aplicación de una reglamentación coherente con el espíritu y la letra de la ley de consumo y se quede en un mero compromiso temporal de suministro de piezas. Queda la duda sobre que compromisos se exigirán en el suministro de software nuevo para determinados productos electrónicos (como teléfonos móviles, tabletas, etcétera).

El temor es que la ley se aplicará solo a los fabricantes que suministran partes de productos. Para luchar eficazmente contra la obsolescencia planificada, este decreto debería indicar claramente el tiempo de disponibilidad de piezas de repuesto, un compromiso que "debe aplicarse a todos los fabricantes", explica Placé. "Un bien reparado es de hecho menos recursos naturales para explotar y menos residuos a tratar, y es también más empleo local y poder adquisitivo para los hogares", dice François-Michel Lambert, diputado ecologista. Los precios deberían también reflejarse en el marco normativo.

EL CURSO DEL MARCO NORMATIVO

En el mundo de la moda constante, las tendencias vistas y no vistas y el 'just in time' maliterpretado del consumo sin freno, Placé ha conseguido situar en el mapa político un elemento mitigador el sufrimiento consumista, la muerte súbita de un producto comprado y que sigue en perfecto estado. El marco normativo francés sigue su curso para luchar contra la obsolescencia programada (situación de la ley).

Jean-Vincent Place, nacido el 12 de marzo de 1968 en Seúl (Corea del Sur), ha protagonizado una inyección de energía para el partido de Los Verdes francés. Fue elegido senador de Essonne en el 2011 y se convirtió en presidente en enero del 2012 del grupo EELV en el Senado. Transformado en el más pragmático del ecologismo, abandera una complicada lucha entre la lógica y los intereses económicos precisamente en unos momentos en los que preocupa más el incremento de las ventas empresariales, que los intereses de los individuos.