El primer ministro francés, Jean-Pierre Raffarin, dejó ayer la puerta abierta a una amnistía fiscal para atraer el dinero que los franceses han evadido del país con la finalidad de evitar el fisco. Raffarin aseguró que "puede haber una fórmula" para seducir a los capitales ilegalmente expatriados. El ejecutivo francés no excluye reducir los impuestos entre un 10% y un 20%.
La medida podría incluirse en el proyecto de ley de Presupuestos para el 2005, que el Gobierno estudiará a mediados de septiembre. Francia se inspirará así en Alemania e Italia. La amnistía ya había sido apuntada por el Ejecutivo en mayo y puede suponer unos ingresos para el Estado de 1.000 millones de euros.
AMPLIAS CRITICAS La amnistía fiscal ya es impopular incluso entre los socios del Gobierno. El líder centrista, Fran§ois Bayrou, la calificó de "inmoral e ineficaz". Para el portavoz del Partido Socialista, Julien Dray, es "una prima al fraude" y será "la guinda del pastel" de una política económica también denunciada por los sindicatos. "Los franceses de la calle lloran y los ricos se frotan las manos", según Alain Guinot, miembro del sindicato CGT, el cual está estudiando si convoca movilizaciones de cara al mes de septiembre.
El Gobierno sostiene que atraer dinero permitirá crear puestos de trabajo. Raffarin quiere destinar 1.000 millones de euros a combatir las deslocalizaciones en las regiones con más paro y baraja "rebajas en las cargas y exoneraciones fiscales o sociales" para ayudar a las empresas a crear puestos de trabajo y mantenerlos. Para el socialista Julien Dray, será "un regalo a las empresas".
