Varios de los 68 trabajadores de Walthon --representados por UGT-Aragón-- que interpusieron la querella criminal contra la dirección de la misma se reunieron ayer, como vienen haciendo cada jueves desde que se decretó la quiebra de la firma, para analizar la situación que queda tras la reapertura de la vía penal, así como para estudiar la quiebra de Walthon Weir Hólding --propietaria del 100% de las acciones de Walthon Weir Pacific--, que se decretó el pasado mes de diciembre en Barcelona. Su idea es ver si se puede actuar contra los propietarios de la misma por la vía civil, mercantil o penal.
Por su parte, el secretario de la Federación Minerometalúrgica de CCOO en Aragón, Paulino Martínez, insistió en la necesidad de que la Fiscalía intervenga en la crisis con el fin de que se proceda a realizar la oportuna investigación "para que se clarifique lo que ha pasado realmente en la factoría, con la consiguiente depuración de responsabilidades en el proceso que ha llevado a Walthon a su situación actual". CCOO remitió un escrito a la Fiscalía en el que se recogían los posibles delitos que habían podido cometer los administradores y apoderados de la firma aragonesa.
