Un economista decide montar un negocio de asesoría empresarial en Madrid. Entre las innumerables ubicaciones posibles en la capital de España, casualidades de la vida, se instala en una oficina propiedad de la empresa de la que fue máximo responsable, a pesar de que su salida de la compañía fue traumática y que esta le acabó llevando a los tribunales por irregularidades en su gestión.
Este contradictorio ejemplo es verídico en el caso de Tomás Garcia Montes, exdirector general de Caja Inmaculada (CAI), según ha podido corroborar este diario. Su despacho de asesoría de empresas, Magnus Emporium SL, está alojado en unas oficinas de Madrid que son propiedad de la entidad aragonesa. Es más, comparte domicilio con la filial de bolsa de Caja3, el grupo bancario en el que se integró CAI y que hoy está en manos de Ibercaja.
Esta vinculación resulta insólita teniendo en cuenta que la caja se querelló contra él --en octubre del 2012-- por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal durante su gestión, cargos por los que está imputado por el juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza junto a Javier Alfaro, exresponsable de CAI Inmuebles y también socio de la citada asesoría. También están querellados las mujeres de estos dos y el abogado, empresario y exconsejero de la Junta de Andalucía, Ramón Marrero, que era exsocio de la caja para los negocios inmobiliarios en Andalucía.
El despacho del exalto directivo se encuentra en la calle Raimundo Fernández Villaverde, en la séptima planta del número 61, próximo al estadio Santiago Bernabéu. En concreto, García Montes y Alfaro desarrollan su actividad profesional en las oficinas situadas en la puerta centro izquierda, que son propiedad de CAI División de Servicios Generales SL, según los datos registrales. En ese mismo domicilio está ubicada Caja3 Bolsa, la sociedad de valores que nació de la integración de CAI, Caja Círculo de Burgos y Caja Badajoz en el citado grupo bancario.
DESPUÉS DE LA QUERELLA Según el Registro Mercantil, ambos exdirectivos son administradores mancomunados de Magnus Emporium SL, que tiene su sede en esta dirección (situada en el distrito de Nuevos Ministerios) desde que comenzó sus operaciones el 5 de marzo del 2013, es decir, varios meses después de que CAI se querellara contra ellos.
La misteriosa asesoría tiene como objeto "la prestación de servicios profesionales para la gestión y administración por cuenta propia y de terceros de asuntos o negocios comerciales que puedan suscitarse en el desarrollo de cualquier actividad...".
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN visitó el pasado jueves estas oficinas en Madrid y pudo comprobar in situ la relación que todavía mantienen García Montes y Alfaro con Caja Inmaculada. Aunque ninguno de los dos se encontraba en ese momento en las oficinas, varios trabajadores de su despacho y otras fuentes de la finca confirmaron que ambos exdirectivos trabajan allí y acuden con regularidad a estas dependencias propiedad de la entidad aragonesa. Magnus Emporium trata de pasar inadvertida ya que en el lugar no existe ningún tipo de cartel indicativo. Solo rótulos del grupo Caja3.
PENSIÓN En otras plantas de este mismo edificio estuvo tiempo atrás la sede de una de las sociedades que más dolores de cabeza ha causado a CAI, Arcai Inmuebles. Esta firma articulaba los negocios inmobiliarios de la caja en Andalucía, que en la mayoría de los casos fueron fallidos, lo que provocó pérdidas por 42 millones de euros de 2009 al 2011. También estaban domiciliadas otras firmas participadas por esta última (Inverpuerto o El Soto de Vistahermosa), así como la constructora aragonesa Marcor Ebro.
CAI acusa a García Montes, Alfaro y Marrero de provocar un agujero a la entidad de 13,8 millones de euros por un viaje a Egipto, la compra de varios pisos y, principalmente, la reestructuración de la deuda de las sociedades inmobiliarias gestionadas por Marrero para la caja.
La salida de García Montes de CAI se produjo a finales del 2009, al ser destituido por decisión del consejo de administración que había perdido su confianza en él. Días antes de su cese, una asamblea de más de 500 trabajadores solicitó asimismo su dimisión. Pero la ruptura de la relación laboral le salió muy cara a la caja aragonesa, ya que según el contrato de alta dirección que tenía, la entidad tiene que abonarle unos 15.000 euros al mes de por vida. Durante un tiempo, CAI dejó de efectuar estos pagos alegando presuntas irregularidades en su gestión, pero los tribunales dieron la razón al exdirectivo.
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN visitó el pasado jueves estas oficinas en Madrid y pudo comprobar in situ la relación que todavía mantienen García Montes y Alfaro con Caja Inmaculada. Aunque ninguno de los dos se encontraba en ese momento en las oficinas, varios trabajadores de su despacho y otras fuentes de la finca confirmaron que ambos exdirectivos trabajan allí y acuden con regularidad a estas dependencias propiedad de la entidad aragonesa. Magnus Emporium trata de pasar inadvertida ya que en el lugar no existe ningún tipo de cartel indicativo. Solo rótulos del grupo Caja3.
PENSIÓN En otras plantas de este mismo edificio estuvo tiempo atrás la sede de una de las sociedades que más dolores de cabeza ha causado a CAI, Arcai Inmuebles. Esta firma articulaba los negocios inmobiliarios de la caja en Andalucía, que en la mayoría de los casos fueron fallidos, lo que provocó pérdidas por 42 millones de euros de 2009 al 2011. También estaban domiciliadas otras firmas participadas por esta última (Inverpuerto o El Soto de Vistahermosa), así como la constructora aragonesa Marcor Ebro.
CAI acusa a García Montes, Alfaro y Marrero de provocar un agujero a la entidad de 13,8 millones de euros por un viaje a Egipto, la compra de varios pisos y, principalmente, la reestructuración de la deuda de las sociedades inmobiliarias gestionadas por Marrero para la caja.
La salida de García Montes de CAI se produjo a finales del 2009, al ser destituido por decisión del consejo de administración que había perdido su confianza en él. Días antes de su cese, una asamblea de más de 500 trabajadores solicitó asimismo su dimisión. Pero la ruptura de la relación laboral le salió muy cara a la caja aragonesa, ya que según el contrato de alta dirección que tenía, la entidad tiene que abonarle unos 15.000 euros al mes de por vida. Durante un tiempo, CAI dejó de efectuar estos pagos alegando presuntas irregularidades en su gestión, pero los tribunales dieron la razón al exdirectivo.
