Caja Inmaculada (CAI) podría enfrentarse a nuevas querellas a raíz de la gestión "delictiva" llevada a cabo por parte algunos de sus directivos a partir del año 2000. A la ya presentada por la propia entidad contra el exdirector general Tomás García Montes, el director territorial en Madrid, Javier Alfaro, y el socio de la caja en Andalucía, Ramón Marrero (por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y estafa) podría sumarse otra de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de Aragón (Aicar) contra los consejos de administración de las etapas de Luis Calvera y el propio Montes. Así lo anunció ayer su presidente, Manuel Pardos, en una nueva sesión de la comisión de investigación en las Cortes, para quien los responsables de los órganos "se lavaron las manos" en lo que calificó como una gestión "vergonzosa". "No hay futuro sin la depuración de responsabilidades", dijo.

El presidente de Asipa, Gonzalo Postigo, subrayó que existen "responsabilidades penales" en la actuación de la cúpula de CAI. De hecho, Asipa "presentará una nueva querella más amplia" para evitar que queden impunes o prescriban algunas conductas "espúreas" y la gestión "delictiva" de estos últimos años.

La tercera vía que se abre para llevar a los tribunales a la caja se deriva de la comparecencia que ofreció el lunes el exdirector del control de riesgos de CAI entre 2005 y 2010, Carlos Montón, en la que reveló irregularidades en numerosas operaciones inmobiliarias, falsedad documental e informes maquillados, entre muchas otras denuncias. Este brindó toda la documentación que expuso a los miembros de la comisión, que no ha recibido ni una sola acta de los órganos de Gobierno de la entidad, pese a los dos requerimientos hechos. Si esas actan llegan a las Cortes, podrían ser trasladadas a la Fiscalía en el caso de que se detecten posibles delitos.

UNA PLANTILLA "INDIGNADA" En la sesión de ayer también comparecieron los responsables sindicales en CAI de UGT y CCOO, que denunciaron un sinfin de malas prácticas en aquellos años y la posterior "indignación" de la plantilla, que ha sido, junto a la sociedad, la mayor perjudicada por la desaparición de la entidad. "Nos llegaron muchos anónimos que hablaban de todas las operaciones que nos han llevado hasta aquí", dijo Victoria Camarena (UGT). "Directivos con elevadas retribuciones y pensiones vitalicias, operaciones muy costosas y que no venían a cuento y grandes promotores han sido los grandes beneficiados del expolio de CAI", añadió Miguel Ángel Villalba (CCOO). Sin embargo, ambos dijeron no tener pruebas documentales. "Si las hubiéramos tenido hubiéramos ido directos a Fiscalía", apuntaron los responsables sindicales.

La sesión de ayer no dejó indiferente a la comisión, que oyó hablar de "presiones" --investigación de ordenadores, por parte de la dirección-- "despidos", "especulación desmedida", "golpes de estado" en la caja, dietas elevadas, gestión "opaca", sociedades "sin control" y un Banco de España "complaciente".