El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, ha asegurado hoy que el Gobierno de Aragón acude a la negociación parlamentaria para analizar la modificación del impuesto de Sucesiones sin líneas rojas ni "límites", siempre y cuando los acuerdos se basen en la progresividad fiscal y la armonización.
Gimeno y el director general de Tributos, Francisco Pozuelo, han presentado hoy el informe elaborado por el Ejecutivo a instancias del Parlamento autonómico, que quería conocer el impacto del impuesto para facilitar una reforma progresiva.
El informe se entregará hoy mismo en las Cortes, que el jueves próximo constituirán una comisión especial de estudio que tiene como objetivo elaborar un dictamen que analice su aplicación y considere la introducción de mejoras para minorar las diferencias que existen en este concepto entre los ciudadanos aragoneses y los de otras autonomías.
En la rueda de prensa en la que se ha presentado el informe, Gimeno ha rehusado precisar la propuesta que defenderá el Gobierno a tenor de los datos que se contienen en el exhaustivo documento, y ha remitido a la propia negociación, porque el Ejecutivo está "en minoría" y "sólo negociando se podrá llegar a un acuerdo".
Por eso, "todos" deberán de ceder, ha reconocido Gimeno, quien sobre la propuesta que le presentó Ciudadanos al respecto hace dos semanas se ha limitado a decir que "se está considerando".
Con estos datos, ha agregado, se pueden tomar "muchas decisiones" pero hay que valorarlas y "tener mayoría" para aplicarlas, siempre dentro de dos premisas que ha considerado fundamentales: que se mantenga la progresividad fiscal y que se alcance una armonización fiscal con el resto de comunidades, lo que no significa, ha precisado, que los impuestos sea "idénticos" en todas ellas.
El de Sucesiones es un impuesto cedido por el Estado, y por tanto es el Gobierno de España quien debe de modificar la ley que lo establece y fijar los máximos y mínimos que las autonomías deben de cobrar por el.
Gimeno ha precisado que el Ejecutivo quiere autonomía fiscal, pero con mecanismos que eviten la competencia entre comunidades, en la línea de lo que también propone Europa para sus Estados.
En esta línea, ha reconocido que habría que alcanzar un acuerdo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFyF) y que el Gobierno aragonés se reúne "casi quincenalmente" con el Estado para hablar de este asunto.
