La industria española no pasa por su mejor momento en los últimos meses con algunos cierres y recortes de plantilla en plantas como Vestas, Alcoa o Cemex, y el revuelo por la decisión de eliminar las matriculaciones de vehículos fósiles más allá del 2040. Por lo que, desde su llegada al ministerio de Industria, Reyes Maroto cuando se dispone a apagar un fuego, le surge otro al lado. No obstante, sin demasiado ruido y en paralelo ha ido trabajando, junto a su colega de Transición Ecológica, en la redacción de una batería de medidas para «oxigenar» la industria que hoy tomarán forma a través de un real decreto ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en la industria.

Entre otras, en este plan se prevé la modificación del contrato de relevo en exclusiva para la industria manufacturera a partir del próximo 1 de enero de 2018, cuando terminaba el periodo de transición del anterior contrato, y hasta el 1 de enero del 2023, según fuentes cercanas al ministerio. El contrato de relevo es una fórmula que permite a los trabajadores jubilarse de forma parcial antes de llegar a la edad de jubilación y a la empresa le da la oportunidad de contratar a personal más joven y con menores sueldos.

Este tipo de contrato fue muy utilizado en los años de la crisis económica, sin embargo, tras una reforma hecha en el año 2013, que incluyó un periodo de transición que termina el 31 de diciembre de 2018 se volvía muy restrictivo, por lo que si no se reformaba su fórmula «quedaría prácticamente extinguido en menos de un mes», reconocía la ministra hace unos días.

Para poder utilizar esta fórmula de jubilación parcial, las empresas deberán contar con un 70% de trabajadores con contrato indefinido y los trabajadores podrán ver reducida su jornada entre un 25% y un 67%. No obstante, este cambio solo afecta al sector industrial manufacturero que, por ende, tendrá como principal benefactor al sector de la automoción.

Cataluña y País Vasco son las comunidades con un peso mayor en la industria manufacturera española. Cataluña cuenta con 576.000 trabajadores en el tercer trimestre del año 2018, lo que supone el 23,5 % de ocupados en este tipo de empresas en España.

Por otra parte, también se aprobará hoy la creación de la figura de las redes de distribución eléctrica cerradas, para que todas las industrias de un mismo polígono puedan estar interconectadas entre sí y, de esta forma, optimizar su consumo. La medida, incluida en el borrador de la ley de cambio climático y transición energética y en una proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados, es especialmente atractiva para el polígono industrial de Tarragona y podría suponer una reducción de sus costes energéticos en el entorno del 30%.

Además, este gran paquete que Reyes Maroto desvelará incluye medidas para reforzar la «seguridad industrial» a través de la adaptación de la normativa española a la europea.