El Gobierno ha vuelto a aplazar la elaboración de una norma que contemple que el tiempo dedicado a la mili o la prestación social sustitutoria compute como vida laboral para cobrar la pensión, una decisión que ha suscitado las críticas de los partidos políticos que exigen que se cumpla la ley. El proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el 2018 vuelve a aplazar por quinto año consecutivo la elaboración de un sistema de compensación a la Seguridad Social que reconozca la interrupción de la vida laboral ocasionada por el tiempo destinado al servicio militar obligatorio o prestación social sustitutoria.

En concreto, suspende de nuevo la aplicación de la disposición adicional vigésima octava que incorporó la reforma de las pensiones socialista del 2011. Este mandato establecía que el Gobierno debía presentar en el plazo de un año un proyecto de ley para establecer un sistema de compensación a la Seguridad Social que reconociera ese periodo de tiempo que retrasó o interrumpió las carreras de cotización de esos trabajadores.

Sin embargo, el actual Gobierno aplazó su aplicación ya en los presupuestos del 2014, alegando que no estaban concluidos los estudios previos necesarios e «imprescindibles» antes de la adoptar una medida «que podría afectar de manera notable al equilibrio financiero del sistema». Esta medida podría afectar a los hombres nacidos entre 1954 y 1983 que realizaron el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria, ya que ambas se suspendieron en el 2001. A falta de datos oficiales de posibles afectados, al último reemplazo de la mili del año 2001 se presentaron algo más de 90.000 jóvenes, si bien este dato osciló cada año en función de la demografía a lo largo de los más de 200 años de servicio militar obligatorio.

RECLAMACIÓN POLÍTICA /Los grupos parlamentarios de la oposición han exigido al Gobierno que deje de aplazar vía Presupuestos la elaboración de la normativa que permitiría a estas personas incrementar sus años cotizados. El portavoz de Empleo del grupo parlamentario socialista, Rafael Simancas, criticó que el Gobierno perjudique así a miles de ciudadanos que podrían verse beneficiados en su jubilación, sobre todo, después de que la crisis económica haya perjudicado sus cotizaciones y «muchos tengan dificultades para llegar a la pensión mínima». Por su parte, el portavoz de Empleo de Ciudadanos, Sergio del Campo, consideró que «el Gobierno no puede incumplir durante más tiempo el mandato de una ley».