El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el 'Sandbox' financiero o regulación para montar el 'caja de arena', según la traducción literal, donde bancos y 'fintech' puedan probar productos y servicios innovadores bajo un marco normativo más flexible pero con el estrecho control del supervisor. El Gobierno lo impulsará a través de un anteproyecto de ley para la transformación digital del sistema financiero. Se trata de una norma que había sido reclamada con urgencia por la industria para no perder el tren de la innovación ni la ventana abierta para rodarlo por parte de la Unión Europea.

Su creación llevaba meses sobre la mesa y el Gobierno del PP llegó a tener un texto a consulta de la industria. La pasada semana el sector financiero alzó la voz para urgirlo por temor a su arrinconamiento con el anticipo de elecciones generales al próximo 28 de abril, en un inusual comunicado conjunto firmado por las patronales de los bancos (AEB), cajas (CECA), cooperativas de crédito (Unacc), Seguros (Unespa) y la asociación española de fintech e insurtech (Aefi).

Temor a no llegar a tiempo

El temor que subyace es no llegar a tiempo, ya que la Comisión Europea lanzó su 'Plan de Acción Fintech' en marzo del pasado año con un plazo para los países para montar estos 'bancos de arena' antes de concluir el ejercicio del 2020. Esta suerte de campo de pruebas se lanzaría a semejanza del 'Sandbox' existente desde hace años en Reino Unido, donde se testan productos, servicios, soluciones y negocios con usuarios reales en un campo acotado bajo la vigilancia minuciosa de los supervisores, para asegurar la férrea defensa de los consumidores a la vez que se levantan ciertas limitaciones normativas.

La norma fijará las condiciones para el laboratorio de pruebaas y establecerá el calendarios o requisitos a los participantes, cuyos proyectos deberán recibir un visado antes de ponerlos en marcha. Así, el experimento se lleva a cabo en un entorno completamente seguro, tanto para las entidades como para los supervisores y los consumidores, porque la intención es "levantar" ciertar normas a fin de facilitar el desarrollo de los proyectos, servicios o productos que se pongan a prueba.