El Gobierno ha aprobado la 'fórmula' para calcular la 'factura' que supondrá a las arcas públicas el rescate por el Estado de nueve autopistas de peaje que quebraron durante la crisis, un importe que estima en unos 2.000 millones de euros, pero que el sector eleva hasta los 5.000 millones.

El cálculo y abono de este importe será uno de los principales asuntos que encontrará el nuevo Gobierno, toda vez que el plazo para abordarlo ya venció el pasado mes de enero y se aplazó hasta julio.

Este monto pendiente de estimación es la denominada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), lo que, por contrato, el Estado debe pagar a las empresas que construyeron y explotaban las autopistas hasta su quiebra por las inversiones que realizaron en su construcción.

La determinación del sistema para calcular el importe en cuestión es uno de los pasos que el actual Ejecutivo se fijó para abordar este asunto.

Una vez establecida esta 'fórmula', se procederá a realizar el propio cálculo, si bien es un proceso que en sí mismo conlleva varias pasos, entre ellos, una nueva audiencia con las empresas interesadas, la redacción de un informe de la Abogacía del Estado y de un dictámen del Consejo de Estado.

A pesar de todo ello, tanto el Gobierno como el sector implicado dan desde hace tiempo por hecho que la determinación última de la 'factura' de esta quiebra acabará en los tribunales y la decidirá un juez.

Por el momento, el sistema de cálculo aprobado por el Gobierno en la última reunión del Consejo de Ministros acota los distintos factores a estimar.

En concreto, fija la valoración de las obras y los bienes vinculados a cada autopista y los conceptos a tener en cuenta en la valoración de las expropiaciones de terrenos en los que se construyeron las vías.

De hecho, el sobrecoste registrado en su día por estas expropiaciones, además de la caída de los tráficos, constituyó uno de las causas de la quiebra en cadena de las autopistas durante la pasada crisis.

La 'formula' también establece cómo descontar los importes de expropiaciones que haya pagado Fomento, los sistemas de amortización, o los intereses de demora y la fecha desde cuándo comienzan a aplicarte.

Precisamente, este último aspecto constituye uno de los principales 'caballos de batalla' de los fondos oportunistas que se quedaron con la deuda de unos 3.200 millones de euros que sumaban las vías.

Según Fomento, la 'fórmula' de cálculo de la RPA se aprueba cinco meses después de que en noviembre de 2018 comenzara su diseño, un proceso en el que asegura ha tenido en cuenta las aportaciones de las antiguas concesionarias de las vías y sus acreedores, así como a la Abogacía del Estado y el Consejo de Estado.

Las autopistas quebradas y rescatadas el pasado año por el Estado, y que actualmente gestiona Fomento, son las cuatro radiales de Madrid, la que conecta con el aeropuerto de Barajas, la Ocaña-La Roda, la Cartagena-Vera, la Circunvalación de Alicante y la Madrid-Toledo, si bien esta última vía fue rescatada ya este año.