El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este viernes su plan de choque contra el desempleo de larga duración. El objetivo del paquete de medidas bautizado como"Reincorpora-T" es reducir el paro en 541.000 personas en un periodo de tres años. Así lo ha explicado la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha cifrado el coste total del mismo en alrededor de 4.000 millones de euros. Los colectivos beneficiarios son los parados de larga duración, las mujeres o la población rural, entre otros.
El plan "Reincorpora-T", inicialmente concebido como "Reinserta", contempla varias políticas públicas, algunas ya aprobadas y otras nuevas. La más costa entre ellas, a nivel presupuestario, es la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 8 de marzo. Es por ello que el coste de las nuevas medidas del plan será de 1.313 millones de euros, más 2.687 millones ya aprobados del subsidio de mayores de 52 años y la recuperación de las cotizaciones para cuidadoras no profesionales vinculadas a la Ley de Dependencia.
El desembolso presupuestario inicial del plan para este 2019, ya que el resto deberá ser aplicado por el Gobierno que salga de las urnas del 28 de abril, supera ligeramente los 300 millones de euros, tal como ha detallado la ministra Valerio. Dicho plan no exige de trámite parlamentario, tal como han especificado fuentes del Ministerio de Trabajo, puesto que no se vehiculará vía real decreto ley dado su menor impacto inicial a nivel de recursos.
INCETIVOS PÚBLICOS EN LA CONTRATACIÓN
Una de las nuevas medidas que constan en uno de los últimos borradores del "Reincorpora-T", al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, es la creación de un sello de "Responsabilidad Social Empresarial". Este se concederá, por ejemplo, si una compañía mantiene durante un año el 10% de plantilla de parados de larga duración y la Seguridad Social premiará a la empresa con una ampliación de crédito formativo del 5%. Dichos créditos sirven a las compañías para acceder a programas de formación bonificada para sus empleados.
El Plan del Gobierno manifiesta, aunque no concreta si por la vía de la bonificación o de la limitación, la voluntad de fomentar la contratación de parados de larga duración en las empresas que participen de contratas públicas de 150.000 euros o más al año. Es esa falta de precisión lo que ha provocado que desde CCOO y UGT se afirmara que "compartimos los objetivos, sin embargo dudamos de la eficacia y consecución de algunos de ellos".
