El Gobierno aprobará hoy una reforma tributaria global, con la que pretende rebajar la presión fiscal a todos los contribuyentes en un mínimo de 5.300 millones en dos ejercicios a partir del año electoral del 2015, pero sin contar con el aval de la Comisión Europea.

A Bruselas le preocupa que la reforma fiscal deteriore aún más la capacidad de recaudación de España y comprometa la reducción del déficit público prevista para el 2015 y 2016. El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró ayer al llegar a la reunión del Eurogrupo que el Gobierno "ha comentado" con la Comisión Europea el proyecto de reforma fiscal, pero no respondió a la pregunta de si su enfoque y contenido había obtenido el respaldo del Ejecutivo comunitario. Con todo, De Guindos añadió que confiaba en que la reforma fiscal "sea bien recibida" por el Eurogrupo, al que anticipará sus principales ejes.

EXIGENCIAS La Comisión Europea reclamó al Gobierno de Mariano Rajoy el pasado 2 de junio que la reforma fiscal no disminuya la recaudación tributaria española --una de las más bajas porcentualmente de la Unión Europea (UE)--, que compense las pérdidas de ingresos con subidas en los impuestos sobre el consumo (IVA), los carburantes o sobre la vivienda y que concrete los ajustes presupuestarios adicionales que debe adoptar para cumplir con la reducción del déficit público al 4,2% del producto interior bruto (PIB) en el 2015 y al 2,8% en el 2016. El Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) tiene previsto respaldar hoy esas recomendaciones sobre España.

El Gobierno español, por su parte, prevé ignorar estas recomendaciones europeas. Según De Guindos, la propuesta de reforma fiscal del Gobierno ya se enmarca perfectamente en la senda de reducción del déficit público y en "los incentivos correctos desde el punto de vista del crecimiento" que demanda Bruselas. "La reforma fiscal lo que va a hacer es mejorar el tratamiento del factor trabajo, también va a mejorar el tratamiento sobre el ahorro y va a establecer incentivos vía el nuevo impuesto de sociedades a la inversión", añadió el ministro. "Es una reforma que lo que hace fundamentalmente es mejorar todos los incentivos económicos: a ahorrar, a trabajar, a invertir", insistió De Guindos.

GANANDO TIEMPO Sea como sea, el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) difícilmente podrá pronunciarse hoy sobre un anteproyecto que hoy mismo prevé aprobar el Consejo de Ministros y cuyos detalles, probablemente, se irán conociendo en los próximos días.

Aunque la Comisión Europea llegue a observar graves inconvenientes en la reforma fiscal de un país sometido al procedimiento de déficit excesivo (como es España), no volverá a tener ocasión de pronunciarse formalmente hasta el próximo otoño, cuando se elaboren las nuevas previsiones o se valoren los proyectos presupuestarios para el 2015 de todos los estados miembros. La interinidad de la actual Comisión Europea, pendiente de renovación en noviembre próximo, además, servirá para neutralizar posibles críticas (el incisivo comisario Olli Rehn deja ya su cargo en junio para incorporarse al Parlamento Europeo).

Mientras llega el otoño, el Gobierno confía en ganar tiempo para poder convencer a la Comisión Europea de una mejora sustancial en la recaudación de impuestos, ligada a la recuperación económica y al crecimiento del empleo. "Este momento, en el que ya hay una recuperación en España, es completamente distinto al que teníamos hace dos años y medio, y es en el que se va a producir la reforma tributaria", recalcó ayer De Guindos.

Antes del otoño, además, entrará en juego la nueva Contabilidad Nacional que dará como resultado un cálculo del producto interior bruto (PIB) bastante más elevado que el actual. Ello permitirá, de paso, presentar unos porcentajes de déficit público más bajos con lo que el Gobierno podría ganar argumentos para convencer a Bruselas de la existencia de margen para bajar impuestos.